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Opinión

Un respeto para un tribunal frágil

El tribunal del caso Infanta da miedo. No por su dureza, sino por su fragilidad. En un juicio retransmitido en directo, los estados de ánimo pesan tanto...

El tribunal del ´caso Infanta´ da miedo, y no por su dureza.

El tribunal del caso Infanta da miedo. No por su dureza, sino por su fragilidad. En un juicio retransmitido en directo, los estados de ánimo pesan tanto como los argumentos, más que los documentos. La confrontación incluso escénica, entre el trío de magistradas y el coro de curtidos abogados, despidió síntomas preocupantes en la jornada inaugural. La desproporción de fuerzas se advertía sin necesidad de accionar el mando del volumen. Con sonido, empeoraba.

Se ha enfatizado con motivo el simbolismo de que el tribunal esté compuesto por tres magistradas. Sin embargo, al examinar el elenco del caso Infanta, se observa que los trabajos peor remunerados de la sala están reservados a mujeres. Bastaría con comparar las declaraciones de Hacienda de abogados y juezas, si es que poseen algún valor después de que la abogacía del Estado decretara que en España solo pagan impuestos los incautos.

Los letrados camparon a sus anchas. Arengaron, sermonearon, se escandalizaron, se apearon de la vehemencia para incurrir en menosprecio. Vieron cumplida su pretensión de instruir el caso Infanta por enésima vez. Embozados en el garantismo, demostraron por qué la investigación se prolongó durante años. Todo ello, sin más contrapeso que las voces trémulas emanadas del tribunal. Si fuera una obra de teatro, el autor sería repudiado por machista. Entre las cuestiones previas, las magistradas tendrán que analizar el interrogante capital de quién manda aquí.

La desproporción adquirió tintes dramáticos en las intervenciones finales. En cualquier organización humana que contemplara el vídeo de la sesión nocturna, se discutiría la sustitución inmediata de tres personas superadas por los acontecimientos. Es demasiado pronto para plantearse si el tribunal da la talla. Ahora bien, los abogados en su mayoría masculinos están suficientemente bien pagados para ser reconducidos a las pautas de un tribunal femenino. O de cualquier otro.

En ningún caso se cuestiona la formación de las juezas, seleccionadas por un proceso similar al que recluta a los abogados del Estado. Sin embargo, el lunes volvió a revolotear la difícil gestación de un tribunal para el caso penal más singular de la historia de España. El presidente emigró a Podemos, una de las juezas solicitó ser excusada, otra era una recién llegada. Hasta un achuchón propio del estrés se entrometió en los prolegómenos del juicio.

El balance más exacto de la sesión fue ofrecido a la salida por los educadísimos Silva y Miquel Roca. El aire eufórico de los abogados de la Infanta tampoco necesitaba de sus palabras alborozadas, para transmitir la impresión de que solo pensaban volver a Mallorca con crema bronceadora. Tal vez les interesaría consultar con otro catedrático de Penal, Luis Rodríguez Ramos, convencido de que el caso Calvià finalizaba en el preciso instante en que solicitó la nulidad de las grabaciones. Su sorpresa fue morrocotuda. Roca ya se equivocó al considerar que el interrogatorio de Cristina de Borbón ante Castro extinguía la responsabilidad de su clienta.

Un juez necesita menos protección que un fontanero, el periodismo apunta obligatoriamente contra el poder. Sin embargo, cada exceso licenciado por el tribunal golpea al conjunto de los ciudadanos, especialmente en un procedimiento al que asisten colectivamente en butaca de platea. La Justicia somos todos, a diferencia de Hacienda. Solicitar un respeto para el tribunal implica agregar que solo las propias juezas se lo pueden conceder. Todo juicio necesita un pilotaje. Los liderazgos caleidoscópicos son idóneos para la CUP.

Hay algo de pornográfico en la contemplación de un juicio en directo. La lucha por la reproducción de los roles vigentes en el exterior de la sala, el protocolo arcaico. Y en la cumbre de la obscenidad, la doctrina Botín. ¿Alguien se imagina que la justicia estadounidense sacralizara la doctrina Rockefeller? Pues bien, el millonario "pueblo español" en cuyo nombre se imparte justicia, debate si sus potentados merecen inmunidades adicionales a las que presupone su rango.

José Castro volvió a desmontar ayer, en un manifiesto con la extensión de un tuit y mucha más puntería, el ridículo a que ha conducido la exención de la Infanta de la normativa tributaria. Hasta el ministro de Justicia, uno de los personajes más atrabiliarios de la historia de la democracia, tuvo que retorcer y enmascarar el desastre de imagen provocado por Dolores Ripoll, defensora de la Infanta con fondos públicos desde la abogacía del Estado.

Ripoll ha sido más dañina que Manos Limpias para la integridad penal de la Infanta. El retroceso de su anulación del lema "Hacienda somos todos", incorporado a las sentencias del Tribunal Supremo en uno de los votos particulares de la doctrina Rockefeller, ha convertido el cortafuegos de protección de la Infanta en otra ópera bufa. A propósito, el artículo 31 de la Constitución declama que "todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo". Por lo visto, el "todos" no lo inventó un publicista como Risto Mejide. Es curioso que un defensor del Estado no tenga a mano un pedazo clave su núcleo constitucional, en una intervención forzosamente preparada con antelación y ahínco.

En ningún caso se cuestiona aquí la capacidad de los abogados del Estado, seleccionados por un proceso similar al que recluta a los jueces. Apartándose de la corriente dominante, la exposición de la ´doctrina Rockefeller´ a cargo de la representación de la Agencia Tributaria no obedece a un lapsus, sino a una profunda convicción. Cuanto más se esfuerza una persona por trasladar el discurso postizo que le han impuesto representar, antes aflorarán las corrientes íntimas de su pensamiento. Erosionada la igualdad ante la ley, la abogacía estatal ha derrumbado la generalización de la recaudación fiscal. Bienvenidos al feudalismo.

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