Todo esfuerzo dialéctico es poco para evitar que la infanta Cristina pase más de un día sentada en el banquillo de los acusados. Y aunque el futuro procesal de la hermana del Rey quedó anoche en manos del tribunal de la Audiencia de Palma, ni el más hábil abogado pudo evitar que estuviera ayer catorce horas sentada en el banquillo de acusados. Eso sí, sin mostrar el más mínimo gesto de queja mientras escuchaba los argumentos de las partes: Por un lado, que no había cometido delito fiscal. Y por otro, que sería un escándalo que ahora fuera apartada del proceso sin contestar preguntas.
El primer mensaje de unidad lo lanzó la infanta Cristina cuando bajó, una hora antes del inicio juicio, del coche con el que se desplazó a Son Rossinyol. Llegó acompañada de Urdangarin. Ni en un solo momento dejó de apoyar a su marido, a pesar de que sus negocios en común la han convertido en la primer integrante de la Familia Real que tiene que defenderse en un proceso penal por un presunto delito fiscal. Pero juega con cierta ventaja con respecto a los otros acusados, como quedó claro en la primera sesión convocada por el tribunal, donde únicamente se plantearon cuestiones previas y propuestas de nuevas pruebas. Ventaja porque, no solo la defiende su competente equipo de abogados, compuesto por uno de los padres de la Constitución y por un catedrático, Miquel Roca y Jesús María Silva, y sino sobre todo porque la fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado se volvieron a esforzar ayer para demostrar que no había cometido tal delito fiscal. Y para ello fue necesario intentar desacreditar la actuación que encabeza el sindicato Manos Limpias, la única acusación, que entiende que la hermana del monarca cometió dicho delito. No en vano le reclama ocho años de cárcel.
Para salvar las formas, fue el abogado Jesús María Silva Jesús María Silvael primero en defender la propuesta para que la esposa de Urdangarin abandone el banquillo. El abogado se mostró agresivo en su exposición, eso sí, demostrando que domina al dedillo toda la jurisprudencia del Supremo sobre la intervención de la acusación popular en un proceso penal.
Apenas utilizó el letrado la palabra doctrina Botín, pero era evidente que se refería a los límites que impuso el Tribunal Supremo en la acción de la acusación popular. Levantando la voz en repetidas ocasiones, Silva aseguró que sobre esta doctrina no había más interpretación posible que la que él sostenía y que, además, se venía aplicando en todas las audiencias provinciales, que no permitían juzgar a una persona cuando solo lo pedía la acusación popular. Y remató el argumento aludiendo a la indignación que le suponía el sufrimiento que estaba padeciendo la Infanta por seguir sentada en el banquillo. Su exposición fue menos extensa de lo esperado. Pero eso sí, clara y contundente.
Cuando abogados de tanto nivel exponen cuestiones técnicas no suelen despertar un gran interés, más allá de al afectado. Y por ello se entiende que Miguel Roca, posiblemente porque ayer no le tocaba intervenir y porque había madrugado en exceso, no pudo evitar dar alguna cabezadita.
La fiscalía no se mueve
Al fiscal Pedro Horrach se le puede acusar de haber actuado con excesivo celo en la defensa de la Infanta, pero no que no haya sido coherente desde el primer momento sobre esta polémica. El fiscal Anticorrupción inició su primera intervención citando frases de Azaña. "Lo que importa es tener razón y saber defenderla". Estaba claro que Horrach se iba a sumar a la propuesta de la defensa de cuestionar la legitimidad de la acusación popular, pero para ello tuvo que acudir a muchos argumentos técnicos para explicar que en los delitos fiscales las únicas partes legítimas para pedir una condena son la fiscalía y la Agencia Tributaria. "Mi posición no es gratuita", señaló Horrach, que en ningún momento mencionó al juez instructor, José Castro, pero reiteró una y otra vez que la única parte perjudicada cuando se comete un delito tributario es la Agencia Tributaria, en ningún caso el sindicato Manos Limpias. El fiscal insistió en que la jurisprudencia tiene más que superada esta polémica y citó, como ya había hecho en su escrito de acusación, una reciente sentencia de Vizcaya. "No es normal que por los mismos hechos un ciudadano de Bilbao no se siente en el banquillo y en Balears sí tenga que hacerlo. Debe primar la igualdad de todos los ciudadanos ante los tribunales". Horrach, ya por la tarde, presentó una nueva prueba para demostrar que su posición sobre la Infanta es la adecuada: un nuevo informe de una experta tributaria, que explica los criterios generales de actuación sobre fraudes fiscales en sociedades y la responsabilidad de los socios, documento que incidiría en que la Infanta no ha cometido ningún delito.
Sobre la polémica tributaria, que es la cuestión sobre la que pivota el inicio del juicio del caso Nóos, la más brillante fue la abogada del Estado Dolores Ripoll. Se conoce la legislación tributaria hasta la última coma, pero dijo algo que seguro que será motivo de polémica. Aseguró que esa frase de que "Hacienda somos todos" no era más que un eslogan publicitario, sin ningún peso judicial, e introdujo esa frase para argumentar que el único perjudicado, y por tanto legitimado, en un delito fiscal era la Agencia Tributaria. "La responsabilidad para perseguir a un ciudadano que no ha pagado impuestos es solo del Estado", reiteró la abogada.
No lo tenía fácil la abogada Virginia López Negrete para defenderse tras escuchar durante horas cómo se cuestionaba su derecho a pedir que un tribunal juzgue a la Infanta por delito fiscal. Y la verdad es que no se amilanó, al contrario, mostró argumentos solventes que permitirían al tribunal rechazar la propuesta de la defensa. La abogada de Manos Limpias dijo que la acción popular es un derecho recogido en la Constitución, que establece que todos los ciudadanos, aunque no estén directamente afectados por el delito cometido, tienen todo el derecho a representar la acusación. Recordó que esta distinción que ahora pretende la defensa, con el apoyo de otras acusaciones, no se ha producido durante toda la instrucción. Al contrario, reiteró que el juez Castro la trató exactamente igual que al resto de acusaciones. La abogada intentó desmontar la doctrina Botín a través de otra interpretación que se realizó en el caso Atutxa. Y recordó que en el primer caso no había delito fiscal, a diferencia de Aizoon, donde nadie discute la irregularidad tributaria. López Negrete soltó más de una perla, como por ejemplo que todo ciudadano tenía derecho a sentirse dolido cuando se cometía un delito fiscal, pero sobre todo cuando se refirió al daño, no solo a la propia Infanta, sino también a la Casa Real, que supondría que en estos momentos la hermana del Rey fuera apartada del juicio del caso Nóos. "Sufriría la justicia, las instituciones y la propia Casa Real.
La Infanta podría declarar en el juicio y demostrar su inocencia. Si se la exculpa ahora quedaría estigmatizada de por vida". Y no quiso terminar su intervención sin lanzar una dura crítica al fiscal Horrach. "Solo defiende a la infanta Cristina y no hace lo mismo con otros acusados como son Alfonso Grau o Salvador Trinxet, que están en la misma situación que ella". Es evidente que el principio de legalidad no es igual para todos". Esta dura acusación no tuvo respuesta del fiscal, porque no procedía.
Acusados de Valencia
La situación de los políticos de Valencia que están acusados es muy distinta a los de Balears. Los letrados dedicaron largos informes para cuestionar que la actuación de los responsables que gestionaron la contratación de Urdangarin en Valencia puedan ser juzgados en Mallorca. No es extraño que aleguen este tema, ya que mientras los jueces de Mallorca han interpretado que la contratación de Urdangarin fue delictiva, en Valencia, a través del mismo sistema, no lo fue. Sin embargo, el fiscal se niega a que se puedan celebrar dos juicios por los mismos hechos, con la posibilidad de que se dicten sentencias contradictorias.
Lo que no parece que vaya a tener mayor recorrido es la teoría de González Peeters, abogado de Diego Torres, de que todo el proceso es nulo, por cuanto el caso se inicia tras la entrega de unos documentos que se le solicitaron a su cliente en su condición de testigo y no de imputado. Ni dos minutos necesitó el fiscal para desmontar esta teoría.
