La historia pierde enjundia cuando la tienes al alcance de la mano. Los acontecimientos de la jornada de ayer se saborearán mejor de aquí a cien años, en vida de todos los presentes. Por ejemplo, la imagen camino del tribunal penal de Cristina de Borbón y de Iñaki Urdangarin, esposados. Que no viene de esposas, sino de esposos. No se alojaron en Marivent, ya es algo. Tampoco se cogieron de la mano, en una de esas metáforas que desatan la vena poética del abogado de la hija y hermana de Reyes.
Para qué dilapidar verbosidad, cuando la peripecia de la Infanta en la jornada de ayer se resume en una palabra: seria. Como si en cualquier momento pudiera ser convocada para reinar. Hasta el timorato Pedro Sánchez, líder de un partido que ha amnistiado a Rodrigo Rato y así le va, se atrevió a recomendar ayer a Cristina de Borbón que renunciara a sus derechos sucesorios.
Al aposentarse en el banquillo, el trono más ingrato que pudo imaginar, Cristina de Borbón debió meditar en torno al infortunio que se abate sobre quienes son bendecidos por Rajoy. "Estoy convencido de que a la Infanta le irá bien", aseguró el presidente del Gobierno cuando su patrocinada ni siquiera había declarado ante Castro. El vídeo en bucle de ayer no garantiza precisamente que haya mejorado la situación de la acusada, y el líder del PP no puede ocuparse de la hermana del Rey porque está reconquistando Cataluña. Sentado, como la Infanta.
El catedrático Jesús María Silva no iba a privarnos de sus visiones lorquianas. El letrado se compadeció de su clienta, porque "es una pesadilla que la Infanta esté en el banquillo". Toda persona de bien debe solidarizarse con estos trastornos del sueño aristocrático, que conmueve con especial intensidad a quienes nos confesamos lectores de ¡Hola! Sin embargo, el abogado alemán olvidó las pesadillas que la conducta impropia de la Infanta ha causado a los honestos contribuyentes, despojados de su dinero por el Instituto Nóos.
Cualquiera dormiría mejor, con los seis millones de euros saqueados de Balears y Valencia. Por no hablar del mal sueño que ha propagado la acusada en su Familia Real, incluida la abdicación a contrapié de su augusto padre. De momento, Juan Carlos de Borbón es la persona que ha pagado un precio más alto por el escándalo que ha llevado al banquillo a su hija. Los errores en la gestión de una crisis se vuelven contra los responsables de solucionarla. La pesadilla se muerde la cola.
El periodista es el profesional que siempre sabía lo que iba a ocurrir, pero se le olvidó publicarlo. Despojados de este fingimiento, ayer exploramos facetas inesperadas del caso Infanta. Se escenificó el daño irremediable a la monarquía, con la familia Borbón colocada a la altura de la familia Pujol. En la versión más favorable a sus intereses, Cristina de Borbón se benefició de cientos de miles de euros defraudados a Hacienda, a través de una sociedad en que poseía el cincuenta por ciento. Y no se sienta en el banquillo por una arbitrariedad del juez Castro, su enjuiciamiento cuenta con el aval de otros tres magistrados de la Audiencia. Pocos reos han gozado de mayores garantías. Pese a la ilusión de novedad que pretende el proceso, este caso ha sido juzgado ya más veces que el clan Gambino.
Dada la imposibilidad de prejuzgar, será entretenido comprobar si tres magistradas que han trabajado tanto como la Infanta y pueden competir con la dureza de su agenda, van a refrendar el fabuloso argumento de que la esposa no sabe lo que hace su esposo y firma en la línea de puntos que el varón le ordena. Y encima, que este comportamiento resulta ejemplar, según pretende la entusiasta defensa de Cristina de Borbón.
Una sesión de técnica jurídica no aporta la sinfonía idónea para entrar en la historia. Se peleaba ayer un asalto de tanteo. Los gallos de la defensa lucían sus crestas engalanadas. Los mismos abogados que exigían la retirada de la acusación contra sus clientes, o la anulación completa de la instrucción, pactarán mañana confesiones o conversiones con la fiscalía si se frustra la táctica belicosa. Es una versión del clásico de Groucho, "estos son mis principios pero, si no le gustan, tengo otros". En Derecho Penal, esta mecánica se conoce como la búsqueda de la verdad. De hecho, el énfasis de Pedro Horrach al unir los destinos tributarios de Ana María Tejeiro y Cristina de Borbón abona los preparativos de la gran coalición. Urdangarin y Diego Torres intercambiaban confidencias porque vuelven a cabalgar juntos, ahora quizás en busca de un pacto con la fiscalía que favorezca sobre todo a sus esposas.
Envenenados sin duda por el cine de juicios, pensábamos que la disyuntiva del fiscal consistía en acusar o callarse. Hacerse a un lado, que diría Artur Mas. Al exculpar apasionadamente desvirtúa su imagen, pero Horrach volvió a competir en arrebato con la defensa de pago de la Infanta. Más chocante resulta que intente rescatar a la hermana de Felipe de Borbón citando elogiosamente a Manuel Azaña, liquidador de la monarquía borbónica y presidente de la República. En algún rincón debe haber citas de Groucho menos comprometedoras.
Horrach mantiene que ha defendido la inocencia penal de la Infanta "desde el minuto uno". Es decir, que no hubiera modificado su criterio inamovible por un descubrimiento en el minuto diez. Sobre el césped parafraseado por el fiscal, esta rigidez táctica ha conducido a Mourinho a la ruina en sus empresas más recientes. El acusador público efectúa comparaciones con Ana Mato, de la que se ha anunciado que se sentará en el banquillo, que no tenía sociedades al cincuenta por ciento con el Jaguar de su marido y que dimitió del ministerio de Sanidad, por enumerar las diferencias más llamativas con Cristina de Borbón.
Tal vez sería más útil que Horrach efectuara comparaciones con los ejemplos de su propia carrera en que se batió para exonerar a quien creía inocente de una acusación ajena, con el mismo denuedo desplegado para preservar a la Infanta. Lleva centenares de folios y otras tantas comparecencias públicas consagradas a su cruzada exculpatoria. Y a continuación reclama medio millón de euros de responsabilidad civil a Cristina de Borbón.
La justicia consiste en explicarse, una evidencia a la que se resisten sus campanudos operadores. Al margen de su actuación intramuros, Virginia López Negrete ha aprendido a sintetizar las secuelas de la doctrina Botín ante los informadores concentrados en el exterior de la sala. Su reconvención a Miquel Roca, al enfatizarle que un padre de la Constitución no debería ser tan cicatero en el uso de la acusación popular, es de lo más efectista escuchado ayer. El escándalo no solo se decide en la sala, los mismos abogados que denigran la pena de telediario crecen un palmo en cuanto les apunta una cámara.
Sobre todo, no incurrir en el vicio de la normalidad esgrimida por las defensas. Quienes pregonan, como Roca, la exaltación democrática de que una integrante de la Familia Real pueda sentarse en el banquillo igual que la hija de una familia cualquiera, están concluyendo que la delincuencia es un avatar más de la Familia Real. Le quitan importancia al caso Infanta. Ocultan la gravedad de que una mujer sobrecargada de privilegios, incluso a la hora de ser procesada, los aproveche como trampolín para defraudar presuntamente al fisco. La Agencia Tributaria, también exculpadora, no ha aclarado todavía por qué solo inició la inspección de la sociedad Aizoon de los Borbón Urdangarin cuando ya habían saltado las alarmas judiciales.
