La fecha de hoy, 11 de marzo, quedará marcada para la historia judicial de este país. Una jornada en la que por primera vez una persona que pertenece a la Familia Real española se sienta en el banquillo de los acusados para defenderse de un delito. Jamás hasta ahora un familiar directo del Rey se había visto en la situación de dar explicaciones ante el tribunal, que decidirá su futuro. Su presencia en el banquillo no hace más que incidir en el daño que ha provocado el caso Nóos a la imagen social de la Corona.
La infanta Cristina no estará sola en el banquillo. Estará cerca de su esposo. La crisis que padece en estos momentos la realeza en España se inició en el momento que se fueron descubriendo los negocios ilegales que había desarrollado la pareja, sobre todo Urdangarin. Pero las peores consecuencias de todo este escándalo lo ha sufrido la propia pareja, que ha tenido que marcharse de España para refugiarse en Suiza, lejos de los focos. La Infanta fue nombrada duquesa de Palma cuando se casó con Urdangarin, pero años más tarde su hermano decidió retirarle el título como consecuencia del escándalo que arrastraba el caso Nóos.
Sentar a la infanta Cristina en el banquillo de los acusados no ha sido sencillo. Desde el principio su nombre apareció relacionado con el instituto Nóos, la estructura empresarial que su esposo utilizó, bajo el pretexto de que se trataba de una asociación sin ánimo de lucro, para acceder al dinero público. Primero lo consiguió en Valencia, donde organizó los primeros congresos para demostrar la relación que existía entre turismo y deporte. Y con el éxito económico que había conseguido, lo volvió a repetir en Mallorca, donde encontró a un presidente del Govern, Jaume Matas, dispuesto a dar carta blanca, y por tanto facilitar el acceso al dinero público, a cualquier proyecto que viniera de la mano de algún integrante de la Familia Real. Y por ello, el entonces yerno del Rey logró que el Govern le financiará con más de dos millones de euros las dos ediciones de estos congresos, sin apenas dimensión mediática, sin que nadie después le exigiera que justificara los gastos que se pagaron con este dinero público.
Que el instituto Nóos era una institución sin ánimo de lucro era una gran mentira. Iñaki Urdangarin y su entonces socio, Diego Torres, engordaron su patrimonio personal gracias a esta estructura, hasta el extremo de que el matrimonio real se atrevió a comprar un inmueble en el barrio más caro de Barcelona e invertir diez millones de euros, demostración de la fortuna que llegó a cobrar el yerno de Rey, aprovechándose precisamente de su relación familiar.
Pero si hoy la infanta Cristina se sienta en el banquillo para responder de dos delitos fiscales hay que atribuir el mérito al juez Castro. La imagen de la hermana del Rey dando explicaciones ante las tres magistradas de la Audiencia de Palma que forman al tribunal, se debe a la decisión firme del juez instructor, que no tuvo ningún reparo en enfrentarse al fiscal Pedro Horrach y a la Agencia Tributaria, que han mantenido desde el principio que Cristina de Borbón es inocente porque nunca gestionó Aizoon, la empresa familiar que compartía con su esposo. Al no contar con el apoyo de la acusación pública, el juez tuvo que recurrir al apoyo de la acusación popular. Solo el sindicato Manos Limpias, una asociación representada por la abogada Virginia López Negrete, coincidía con la interpretación que hacía el juez Castro. Esta acusación solo ha pretendido que el matrimonio se someta a un juicio penal.
Serán las magistradas Samantha Romero, Rocío Martín y Eleonor Moyá las que determinen quién tenía razón: o el juez Castro en sostener que la hermana del Rey colaboró para que su marido cometiera dos delitos fiscales, o el fiscal y la abogacía del Estado que insisten en que la infanta Cristina es inocente.
La doctrina Botín
Pero antes de que se determine la inocencia o culpabilidad de la Infanta hay que superar otros trámites. Los abogados de Cristina de Borbón no han logrado que se siente en el banquillo, pero seguirán intentando que sea apartada del proceso cuanto antes, para evitar la humillación que supone responder a las preguntas frente a un tribunal. La defensa se aferra a la llamada doctrina Botín, que estableció, aunque con matices, que no se podía juzgar a un imputado cuando únicamente lo solicitaba la acusación popular y no lo hacía ni el fiscal, ni la acusación particular. Pero ni el juez Castro, ni la Audiencia en su momento, lo entendían así, acogiéndose precisamente a la excepción que se estableció en la llamada doctrina Atutxa, que entendía que sí se podía juzgar a petición de una acusación popular cuando se trataba de un delito de interés general. Por tanto, el tribunal deberá resolver está disputa jurídica. Si atiende a la petición de la defensa, la presencia de la Infanta en el banquillo de los acusados será mínima.
Si no lo hace, al menos tendrá que estar sentada un mes, a la espera de que el tribunal resuelva en sentencia si es culpable o inocente del delito fiscal que le imputa la abogada López Negrete.
El Polígono de Son Rossinyol será hoy, sin duda, el foco mediático de medio planeta.
