El Consell de Govern aprobó ayer el proyecto de ley del nuevo impuesto sobre estancias turísticas que el lunes entrará en el Parlament para su tramitación por vía de urgencia, con el objetivo de que pueda comenzar a aplicarse el próximo 1 de junio, aunque esta fecha se califica de aproximada. Entre las novedades que se han ido incorporando a su diseño destaca el que los fondos recaudados podrán invertirse también en “infraestructuras de servicios públicos esenciales para compensar el impacto del turismo, especialmente las sociales y las sanitarias”.
El vicepresidente del Ejecutivo y responsable de Turismo, Biel Barceló; la consellera de Hacienda, Catalina Cladera, y el portavoz del Govern y titular de Presidencia, Marc Pons, presentaron ayer el texto definitivo del proyecto de ley, tras los cambios aplicados fruto de las enmiendas presentadas por diferentes organizaciones, para la puesta en marcha de un impuesto con el que se esperan recaudar este año 50 millones de euros (hay que tener en cuenta que comenzará a aplicarse en junio) y que pasará a moverse entre 70 y 80 millones anuales en ejercicios posteriores.
Biel Barceló y Catalina Cladera no ocultaron el rechazo que este nuevo tributo genera entre las organizaciones empresariales, pero aseguraron que el Govern asume con tranquilidad la amenaza de la federación hotelera de Mallorca de recurrir a los Tribunales para frenarlo, incluido el Constitucional. En este sentido, se recordó que la primera ecotasa balear o la que actualmente se cobra en Barcelona ya se vieron respaldadas por las correspondientes sentencias.
En cualquier caso, el vicepresidente reconoció que las tensiones que en esta ocasión ha generado la elaboración del impuesto (uno de los puntos estrella del pacto entre PSOE, Més y Podemos) han sido inferiores a las que se registraron en 2002 con la ecotasa, algo que en su opinión se debe a que este primer impuesto era pionero, mientras que ahora existen precedentes en numerosos países europeos, está el caso catalán, y además se trata de un tributo con un elevado nivel de respaldo social.
Como se ha venido anunciando, el impuesto supondrá el desembolso de entre uno y dos euros por día para los turistas que visiten las islas y se alojen en hoteles, viviendas turísticas, establecimientos rurales o cruceros, por señalar los principales ejemplos. En concreto, los dos euros recaerán sobre los establecimientos de mayor categoría (como los hoteles de cinco estrellas o cuatro superior), 1,5 euros en las cuatro estrellas y cuatro superior o apartamentos de tres llaves, un euro en hoteles de una a tres estrellas o cruceros, y solo medio euro en hostales y albergues.
A partir del noveno día de estancia, esas cantidades se reducirán a la mitad, al igual que en el caso de las que se produzcan en temporada baja (del 1 de noviembre al 30 de abril).
No deberán pagar el impuesto los menores de 16 años, los que deban pernoctar en las islas por causa de fuerza mayor, los pacientes del Ib-Salut y sus acompañantes, o los turistas de programas sociales como los del Imserso.
La forma en que se deberán abonar al Ejecutivo autonómico las cantidades antes señaladas por parte de hoteleros o propietarios de inmuebles vacacionales todavía no se ha definido, y se regulará en el reglamento de la futura ley.
El dinero que se recaude se podrá destinar a la protección y modernización del medio natural, al fomento de la desestacionalización, a infraestructuras vinculadas con un turismo sostenible, al patrimonio histórico y cultural, a proyectos de investigación científica y a la innovación tecnológica que contribuyan a la diversificación económica y que estén relacionados con el turismo, a la mejora del empleo en este sector o, como novedad, a la inversión en infraestructuras de servicios públicos sanitarios y sociales (Biel Barceló subrayó que no se financiará con este impuesto el gasto corriente).
