La abogacía de la Comunidad Autónoma está analizando en estos momentos la oportunidad de solicitar, como medida cautelarísima, la suspensión de la aplicación del Real Decreto 954/2015 de prescripción enfermera hasta que se resuelva definitivamente el recurso contencioso administrativo contra la citada norma que estudia plantear ante el Tribunal Supremo.
Así lo adelantó ayer la consellera de Salud, Patricia Gómez, tras mantener una reunión de casi tres horas de duración con los responsables de los servicios jurídicos de la Conselleria y del Servei de Salut y representantes de los sindicatos y organizaciones profesionales para abordar los efectos de esta norma que, como se recordará, fue aprobada por el Gobierno central el pasado mes de octubre aunque no entró en vigor hasta el pasado 24 de diciembre, dos meses después, tras su publicación en el BOE un día antes y tan solo tres después de la celebración de las elecciones generales.
En un comunicado emitido tras la reunión, el departamento de Patricia Gómez quiso dejar bien claro que la conselleria de Salud siempre se ha mostrado en contra de este real decreto porque, en su opinión, anula la autonomía de los profesionales y resta agilidad en la asistencia sanitaria de las personas.
De aplicación inviable
Gómez explicó que en la reunión todos los colectivos asistentes coincidieron en señalar que el real decreto "es de aplicación inviable" y se congratuló de que el encuentro sirviera no solo para escuchar las opiniones de todos los colectivos sino también para recabar argumentos que puedan servir de base para el recurso contencioso administrativo que se elevará ante el Supremo.
Asimismo, la consellera reprochó que "el Ministerio y el Gobierno del PP han actuado de manera irresponsable sin dar salida a las necesidades asistenciales de la población. Hemos pedido por escrito al Ministerio la convocatoria urgente del Consejo Interterritorial para tratar el tema y todavía no nos ha dado respuesta".
También se ha solicitado una reunión de la consellera con el titular de Sanidad en funciones, Alfonso Alonso, que, al igual que la petición anterior, ha tenido la callada por respuesta, reveló durante el debate celebrado el pasado jueves en Son Llàtzer el subdirector de Cuidados Asistenciales y Atención al Usuario, Carlos Villafàfila.
Como se recordará, el real decreto establece que solo los médicos, los odontólogos y los podólogos, en el ámbito de sus competencias respectivas, son los únicos profesionales con facultad para recetar.
Por tanto, los enfermeros, a pesar de tener la misma formación en farmacología acreditada por el ministerio de Educación que los odontólogos y podólogos, no pueden administrar legalmente ningún medicamento ni producto sanitario, si no hay previamente un prescriptor que diagnostique al paciente y determine el protocolo de práctica clínica que se debe seguir. Y todo ello pese a que el enfermero tenga más formación y experiencia en estos procesos asistenciales que viene desarrollando con los usuarios de manera rutinaria desde hace años.
Asimismo, la norma promulgada por Madrid establece la obligatoriedad de realizar unos cursos de 180 horas para las enfermeras generalistas y del doble para las especialistas antes de permitirles realizar la actividad asistencial que venían desarrollando hasta ahora y sin que esta nueva acreditación impida que el facultativo deba tutelar todo el proceso.
Reconocer la competencia
Esta exigencia de formación añadida es algo ante lo que no transigirá el Colegio Oficial de Enfermería de las Islas (COIBA), como recalcó ayer de forma taxativa su presidenta, Rosa María Hernández: "Nos negamos a esta doble acreditación. Contamos con la misma formación farmacológica que podólogos y odontólogos y vamos a exigir lo que es de justicia, que se reconozca la competencia con la que salimos de las facultades de enfermería".
En el mismo sentido, la consellera defendió la capacitación de las enfermeras y enfermeros y lamentó que la nueva normativa les impida hacer, de manera autónoma, centenares de actuaciones que hasta ahora llevaban a cabo con normalidad y eficiencia probadas.
El real decreto aprobado en Consejo de Ministros del pasado 23 de octubre contraviniendo el documento remitido previamente al Consejo de Estado y publicado en el BOE dos meses después, el pasado 23 de diciembre, tiene consecuencias directas para todos los actores implicados en un proceso de asistencia sanitaria.
Para los profesionales de enfermería, que necesitan la autorización previa del médico para desarrollar tareas cotidianas; para los médicos mismos, que verán aumentado considerablemente su volumen de trabajo al tener que autorizar productos necesarios en procesos asistenciales que en ocasiones ni conocen ni controlan porque es una tarea diaria del personal de enfermería y, por último, para los usuarios, que sufrirán un empeoramiento y una ralentización en la asistencia.
