"Estamos en un gran mar de dudas", admitía ayer Margalida Alomar, presidenta de la Associació Balear de Comares, en el transcurso de un debate sobre el polémico real decreto de prescripción enfermera organizado por el Colegio Oficial de Enfermería (COIBA) en el salón de actos de Son Llàtzer. Una norma que el Ejecutivo saliente de Rajoy implantó al publicarla en el Boletín Oficial del Estado el pasado 23 de diciembre.

Este real decreto imposibilita a las enfermeras a recetar y/o usar medicamentos, estén o no sujetos a prescripcion médica, sin la previa autorización de un facultativo, que además debe tutelar todo el proceso. Esta norma colisiona además con el que hasta ahora era el normal desempeño de las labores de enfermería, colectivo que realiza curas con material sanitario que precisa de receta médica o dosifica vacunas que también precisan de prescripción de un facultativo.

Por ello, las enfermeras de Balears no saben muy bien cómo actuar. Si siguen haciéndolo como hasta ahora, estarían incumpliendo una norma en vigor y podrían ser acusadas de un delito de intrusismo profesional -el real decreto establece que solo pueden prescribir medicamentos los médicos, los odontólogos y los podólogos-. Si esperan a recibir directrices claras y por escrito del facultativo para realizar sus hasta ahora quehaceres habituales, no solo sobrecargarían de trabajo a este profesional sino que probablemente la asistencia sanitaria se ralentizaría con el más que previsible colapso del Servei de Salut.

"Ahora no puedo ni siquiera recomendar ácido fólico a mi paciente, algo que sí hace la auxiliar de una farmacia o su propia vecina", se lamentaba Marga Alomar.

"Nos han creado un grave problema de inseguridad a nivel legal", resumía Apolonia Esteva, secretaria de la Associació Balear d'Infermeria Comunitària.

Y esta inquietud e incertidumbre sobre cómo actuar también se manifestó en el turno de preguntas tras el debate, donde varias enfermeras expresaron sus dudas acerca de qué debían hacer ante situaciones puntuales que les aguardan en sus consultas hoy mismo. Así, preguntaron si deberían seguir vacunando de tosferina las embarazadas o atendiendo reclamaciones de vacunación procedentes de médicos de la sanidad privada.

El representante del IB-Salut en el debate, Carlos Villafáfila, subdirector de Cuidados Asistenciales y Atención al Usuario, tras asegurar que más que ante un problema del colectivo de enfermería estamos ante un problema de asistencia sanitaria, reclamó "consenso" entre los profesionales sanitarios y "complicidad" a los usuarios para sortear este real decreto que, reiteró, los servicios jurídicos del IB-Salut están estudiando recurrir. No obstante este llamamiento al "consenso" y a la "complicidad" no bastó a un auditorio que reclamó al Servei de Salut directrices concretas sobre cómo actuar.