La Assemblea de Docents ha ampliado la querella contra la exconsellera Joana Maria Camps por presunta malversación de caudales públicos en sus desplazamientos a Menorca, su isla natal.

Según ha indicado la Assemblea en un comunicado, también han pedido al Juzgado de Instrucción núm. 4 de Palma que inicie el procedimiento ante el Tribunal del Jurado.

En el escrito presentado este viernes por los abogados de la Assemblea ante el mismo juzgado que lleva la querella principal se argumenta que los hechos objeto de ampliación, los viajes a cargo del presupuesto de la CAIB comprendidos entre enero y finales septiembre de 2014 , momento en que Camps cesó como consellera, son "idénticos a los desplazamientos entre mayo y diciembre de 2013", los cuales dieron origen a la instrucción.

Además, la entidad ha alegado que "se observa un idéntico modus operandi en cuanto a los viajes cargados a los fondos públicos y que son objeto de las diligencias de investigación".

"Las estancias de fin de semana en Menorca no van acompañadas por una densidad de actos tan grande como cuando la exconsellera viaja a otros destinos o a su isla natal entre semana. Parece más un intento de encontrar algún acto para justificar el pago de los trayectos con fondos públicos que no el cumplimiento del interés general al que están destinados los recursos públicos", ha mantenido la Assemblea.

Asimismo, los docentes han recordado en su escrito que falta por remitir parte de la documentación solicitada por el auto de 30 de septiembre de 2015 de la audiencia.

Además, también han señalado que en el auto del pasado 21 de diciembre la magistrada Piedad Marín justificaba el archivo de la causa porque según el examen de las diligencias practicadas hasta la fecha, se ponía de manifiesto "la inexistencia de un delito de malversación de caudales públicos ".

La ex consellera declaró por videoconferencia en calidad de imputada el día 18 del mismo mes y asumió la defensa propia. La señora Camps respondió sólo las preguntas de la Abogacía de la CAIB, y no se personó el Ministerio Fiscal, según la Assemblea.