El nuevo Impuesto de Turismo Sostenible, evolución de la ecotasa fallida de 2003, se aprobará hoy en Consell de Govern, pero sin el apoyo de los hoteleros. La reunión en la que el vicepresident y conseller de Turismo, Biel Barceló, y la consellera de Hacienda, Cati Cladera, explicaron ayer a empresarios y agentes sociales la versión final del tributó acabó como había empezado: con el Govern firmemente decidido a seguir adelante, y los hoteleros firmemente determinados a pelear contra el gravamen hasta el final.

Lo anunciaba al final del encuentro la presidenta de la patronal hotelera, Inma Benito, que considera el nuevo cargo fiscal "un impuesto injusto y una mala solución en un buen momento para el sector turístico". "Agotaremos todas las vías jurídicas que tengamos", advertía por ello Benito, que tiraba del argumentario de los últimos meses para repetir que el tributo es "discriminatorio", toda vez que aunque se cobra en todo tipo de alojamientos, se va a aplicar cuando gran parte de la oferta de hospedaje trabaja sin control (en referencia a los alquileres de pisos en zonas residenciales, fenómeno en boga).

La presidenta patronal añadía que la idea es conocer primero la versión definitiva del texto (que se aprobará hoy) y el reglamento que regulará el tributo (que se elaborará de aquí a finales de mayo), para después buscar las opciones de formular "recursos de inconstitucionalidad" o las impugnaciones legales que vean viables. Y más ahora que ya saben que, aunque el Govern ha aceptado algunas de sus alegaciones menores (retraso a mayo de la carga de temporada alta o solo la mitad de impuesto a partir del noveno día de estancia), ignora sus dos grandes reivindicaciones: una moratoria a 2017, para que puedan incluir el cargo en los precios que venden a los touroperadores, y una fecha de caducidad para el tributo (31 de diciembre de 2018), supeditada a la mejora de la financiación balear.