La conselleria de Servicios Sociales y Cooperación que dirige Fina Santiago ha evitado que 1.270 dependientes se queden sin prestación a causa de los trámites burocráticos y de las instrucciones existentes a la hora de mantener la ayuda a estas personas que no pueden valerse por sí mismas. Para cambiar esta situación, se ha modificado el decreto que obligaba a los dependientes a someterse a valoraciones periódicas por iniciativa propia y, en el caso de no realizar esta evaluación, se suspendía la ayuda pública para estas personas que necesitan el cuidado de un familiar o contratar a un profesional
El problema se producía cuando el Govern se daba cuenta de que el dependiente no había pasado la nueva valoración dictaminada. En muchos casos habían pasado varios meses de ello. Entonces era cuando se exigía la devolución del dinero percibido por los dependientes con carácter retroactivo. Fina Santiago explicó a este periódico que se han dado casos de que la reclamación a personas calificadas como grandes dependientes superaban varios miles de euros.
La propia consellera admitió que cuando llegó al cargo tuvo que firmar algunas de estas reclamaciones, que superaban los 3.000 euros, y le dolió mucho tener que hacerlo. El Govern exigía a estas personas la devolución de varios meses de su paga que en muchas ocasiones era fundamental para su supervivencia y se creaban verdaderas situaciones dramáticas para los dependientes y sus familiares.
La consellera Santiago explicó que la gran mayoría de dependientes son gente mayor gente mayorque en muchas ocasiones se olvidaba de que debía pasar la nueva evaluación conocida como Programa Individual de Atención (PIA), ya que la fecha se la habían asignado incluso con un año de antelación. "Esta situación provocaba un agravio para esta gente que está en una situación vulnerable. El responsable de iniciar la evaluación debe ser la administración, nunca el administrado. Por ello se ha modificado el decreto lo más rápidamente posible. Debíamos acabar con esta situación de agravio", reiteró Santiago.
La titular de Servicios Sociales del Govern reconoció que este decreto lo pusieron en marcha en el anterior Pacto de Progreso (2007-2011) cuando ella ya gestionaba el área de Servicios Sociales del Ejecutivo de Francesc Antich. Sin embargo, también recordó que en aquella época tenían poca experiencia del funcionamiento de la Ley de Dependencia y quedaban muchas cosas por pulir y perfeccionar en una norma dictada por el Estado y de aplicación por parte de las Comunidades Autónomas. Fina Santiago se lamentó de que el PP durante cuatro años haya estado reclamando el dinero a los dependientes con carácter retroactivo.
Los menores dependientes
Un caso similar ocurría con los menores dependientes que estaban obligando a sus progenitores a solicitar la revisión del grado de dependencia y, en caso de no iniciar la tramitación, también se le suspendía la ayuda al considerar por defecto que se producía una mejoría. En este caso, la conselleria de Servicios Sociales ha dictado una resolución donde ordena que la revisión debe realizarla de oficio la administración, nunca la familia del menor dependiente. Este problema afectaba de forma especial a los menores de tres años con alto grado de minusvalía y que se hace muy difícil que puedan mejorar en cuestión de meses su estado de salud.
Otra problemática que han intentado resolver para mejorar la Ley de Dependencia en Balears hace referencia a las personas que están en una residencia, en un centro psiquiátrico o en un centro penitenciario. En la mayoría de los casos, después de estar en un centro de internamiento con sesiones de fisioterapia, gimnasia personalizada y atención médica específica, los dependientes mejoran a raíz de estas sesiones diarias. Ello provocaba que en algunos enfermos el grado de dependencia se bajaba y podía darse el caso de llegar a eliminar la prestación. La nueva resolución elimina las evaluaciones de las personas que están en una residencia geriátrica y así se evitan los baremos distorsionados a los dependientes que estaban en estos centros. La nueva instrucción interna argumenta que estas personas no deben ser evaluadas cuando están a cargo de un centro público.
Cartas de protesta al PP
Todas estas instrucciones vienen a llenar el vacío que existía y que provocó que 16 trabajadores sociales enviaran cartas a la consellera de Servicios Sociales en la época del PP, Sandra Fernández. Las misivas denunciaban que les obligaban a realizar servicios no regulados o que la burocracia existente impedía a los trabajadores sociales dar respuestas a las personas dependientes y a sus familiares que reclamaban información a los profesionales que acudían a sus domicilios.
En algunas cartas los trabajadores sociales denunciaban instrucciones contradictorias por parte de los responsables de los servicios sociales y no sabían como actuar.
