El Govern balear se va a personar como acusación particular contra las empresas que se han precintado por su presunta relación con casos de explotación laboral, según anunció ayer el conseller de Trabajo, Iago Negueruela, que adelantó también que a partir de ahora esta medida se va a aplicar ante aquellas irregularidades que se cometan en materia de empleo y que puedan alcanzar la categoría de delito.
Iago Negueruela recordó que su departamento es el responsable de tutelar los derechos de los trabajadores, por lo que adopta la decisión de personarse con el fin de investigar los posibles delitos que se hayan podido cometer y, una vez se disponga de información al respeto, analizar si es posible adoptar medidas para proteger a los asalariados afectados.
Como se recordará, durante los últimos días se ha procedido a la detención de 14 empresarios, de los que seis siguen en prisión, y al precintado de 22 establecimientos de restauración, bajo la acusación de que se forzaba a los trabajadores a realizar jornadas muy superiores a las acordadas, vulneración de la contratación a tiempo parcial, falta de pago de salarios y "en general, irregularidades relacionadas con la dignidad" de estos asalariados.
El conseller subrayó que el caso se encuentra bajo secreto de sumario, de ahí que sea prematuro determinar las medidas que el Govern va a poder adoptar, aunque puso de relieve que éstas se plantearán en cuento se disponga de la información necesaria. "Según veamos la situación, propondremos iniciativas para velar por los derechos de los trabajadores", afirmó.
Para adoptar esta decisión, que se aprobará en el próximo Consell de Govern, el Ejecutivo autonómico ha solicitado los pertinentes informes y ha comunicado su decisión a la Abogacía de la Comunitat Autònoma.
Precedentes y futuros casos
Negueruela señaló que esta personación como acusación particular se repetirá a partir de ahora en aquellos casos de irregularidades laborales que alcancen el nivel de delito, y recordó que existen precedentes, ya que hace algo más de cinco años, cuando él mismo era director general de Trabajo y el cargo de consellera estaba ocupado por Joana Barceló, se adoptó una decisión similar en el caso del Grupo Playa Sol, en Eivissa.
El titular de Trabajo afirmó que la sociedad no tolera los casos relacionados con la explotación laboral, con contratos por unas pocas horas y jornadas de trabajo muy superiores, al considerar que se vulneran los derechos de los trabajadores, pero también suponen una competencia desleal contra aquellas empresas que sí respetan la normativa. "Nos importa que se cree empleo, pero éste debe de ser digno", subrayó.
En este sentido, destacó el "giro" que durante el próximo año va a registrar la actuación de la Inspección de Trabajo en las islas, con campañas específicas para el control de horas extraordinarias y de los excesos en las jornadas de trabajo, y para luchar contra la temporalidad, además de repetirse los controles especiales que se desarrollaron durante el pasado verano.
Un aspecto a destacar es que a mediados del pasado mes de julio UGT y CCOO ya advirtieron del elevado nivel de fraude que se estaba registrando en el sector de la restauración en materia de contratación a tiempo parcial y en los excesos de jornada, una situación que ha quedado reflejada en las actuaciones desarrolladas durante los últimos días en establecimientos de este ramo. En cualquier caso, los sindicatos subrayaron entonces que se producen casos de este tipo en la totalidad de las ramas empresariales, desde construcción a limpieza, alojamiento turístico, seguridad privada o alquiler de vehículos, por citar algunos ejemplos.
En este sentido, el conseller señaló ayer que el sector servicios es el más importante dentro de la economía de las islas, lo que explica que presente un peso proporcional en materia de irregularidades laborales. Sin embargo, insistió en que la mayoría de los empresarios actúan dentro de la legalidad.
Sindicatos y patronal
El primero en felicitarse por la decisión del Govern de personarse en el citado caso de explotación laboral fue el sindicato CCOO. El secretario general de su federación de Servicios, Ginés Díez, ya había anunciado que también su organización se va a personar como acusación particular, para lo que su equipo jurídico ya está trabajando, y ha pedido a la patronal de restauración de las islas que haga lo mismo para dejar patente el rechazo social que general los casos de explotación laboral. Además, CCOO ha ofrecido asesoramiento legal a los trabajadores afectados por la orden judicial de precintar los establecimientos.
En relación a la petición del sindicato, el presidente de la asociación de restauración de Mallorca, Alfonso Robledo, ha anunciado que tras la festividad de Reyes se celebrará una reunión con Ginés Díez para analizarlas acciones a adoptar en relación a este caso y tomar una decisión definitiva.
En cualquier caso, Robledo solicitó ayer que se permita la apertura de los locales de restauración cerrados por orden judicial, dado que esa inactividad está afectando a los trabajadores, pero también a los proveedores de productos de estos establecimientos y a los propietarios de los inmuebles en los que se encuentran, al impedir que todos estos colectivos puedan cobrar.
El presidente de la patronal mallorquina de restauración recordó que en la isla hay unos 11.000 establecimientos relacionados con esta actividad, por lo que defendió que los casos de explotación laboral que se han detectado corresponden a una minoría dentro del sector.
