El juez José Castro ha descubierto, dentro de las pesquisas del caso Son Espases, que ni el Partido Popular (PP), ni nadie en su nombre, pidieron licencia municipal para las repetidas obras que realizó, a partir del 2006, en su sede central madrileña de la calle Génova 13, según ha informado el Ayuntamiento de esa ciudad al magistrado. El PP invirtió varios millones de euros en modernizar y adecuar el edificio y, de confirmarse que no solicitó licencia, se ahorró varias decenas de miles de euros en tasas e impuestos municipales.
El juez José Castro está investigando, dentro del caso Son Espases, si Juan Miguel Villar Mir, máximo accionista de la constructora OHL, y Florentino Pérez, vinculado a la constructora Dragados, pagaron las obras de reforma de la sede nacional del PP, a cambio del contrato para construir y explotar el hospital público del mismo nombre. Castro requirió hace unas semanas, con la máxima urgencia, a la presidencia del PP nacional, que ocupa Mariano Rajoy, para que le remitiera toda la documentación y justificantes sobre esos trabajos y relativos al período 2002 al 2010. El PP envió al día siguiente a Castro facturas por un total de 237.000 euros y le informó de que no tenía datos sobre los posibles contratistas que trabajaron en esa primera reforma.
Comisión millonaria
El juez y el fiscal anticorrupción Pedro Horrach sospechan que el Govern de Jaume Matas adjudicó en 2006 a OHL el concurso de Son Espases, aunque luego se echó atrás y acabó dándole la mayor obra pública de Balears a una UTE liderada por Dragados, la empresa vinculada a Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid.
Los investigadores creen que Villar Mir, que está imputado en el sumario, pagó una comisión millonaria por adjudicarse las obras y explotación de Son Espases. El empresario, y exministro, ha negado con rotundidad haber entregado esa dádiva y ningún otro soborno en su vida por una obra pública.
El inmueble perteneció a la aseguradora e inmobiliaria Mapfre Mutualidad de Seguros y Reaseguros a Prima Fija, que durante unos años se lo alquiló al PP. Los conservadores decidieron comprar la finca el 29 de marzo del 2006.
Según ha reconocido el partido, tras la adquisición, se hicieron unas importantes obras de remodelación del inmueble, que se encargaron al despacho de arquitectura Unifica. Estos trabajos, que ascendieron a varios millones de euros, están siendo investigados por la Audiencia Nacional al sospechar que se defraudó a Hacienda pagando parte de la reforma con dinero negro, en concreto 1,71 millones de euros.
Castro solicitó al Ayuntamiento de Madrid que le remitiera información sobre todos los expedientes de licencias de obras en Génova 13 desde 2002 a 2010. Desde el consistorio se ha señalado que únicamente consta un expediente abierto a instancias de Mapfre en 2006, pero no para pedir una licencia de obras, sino para realizar trabajos destinados a cumplir la normativa sobre seguridad en oficinas.
Los técnicos del Ayuntamiento solicitaron a la aseguradora que hiciera una serie de cambios en su proyecto, pero Mapfre acabó renunciando a la licencia porque había vendido la finca al PP.
Aportar las facturas
Castro reclamó al PP las facturas sobre las dos tandas de obras, pero el partido apenas ha podido aportar algunos justificantes de los gastos. El grueso de esa documentación obra en poder de la Audiencia Nacional (en el sumario por los delitos fiscales de Unifica) y del Tribunal de Cuentas, el organismo que supervisa los ingresos y gastos de los partidos.
El juez también ha solicitado a la Agencia Tributaria los datos sobre los pagos y cobros de más de tres mil euros realizados por el PP en once años (de 2000 a 2010, inclusives) e idéntica documentación sobre Mapfre, la aseguradora e inmobiliaria que primero alquiló y luego vendió a la fuerza conservadora sus oficinas nacionales de Génova 13.
El instructor ha requerido al Ayuntamiento de Madrid si la sede del PP tiene acceso por otra calle lateral y si se pidió licencia de obras para el inmueble con esa referencia y no la de Génova 13.
