Es casi imposible que el expresidente de Estados Unidos, George Bush, se pudiera imaginar que un antiguo militar español pudiera incluir su nombre en su testamento. Y lo mismo podría decirse del príncipe Carlos de Inglaterra. Sin embargo, esta situación se ha producido en Mallorca, si bien los familiares directos del finado han recurrido a los tribunales para impugnar las últimas voluntades, señalando que no estaba en condiciones mentales para repartir toda su fortuna.

Este hombre residió hasta el año pasado, fecha de su muerte, en la localidad de Alcúdia. Antes de morir quiso dejar por escrito y frente a un notario, su voluntad de repartir los bienes que había amasado durante su vida. Y, sin duda, el reparto que hizo fue cuando menos peculiar. No solo nombra herederos al expresidente de EE UU y al hijo mayor de la reina de Inglaterra, sino que incluye otros nombres en su testamento. Deja sus bienes, por ejemplo, al colectivo de católicos del Partido Republicano de Estados Unidos, a su psiquiatra, al consejo de accionistas y avales bancarios del periódico National Zeitung, a la Generalitat de Cataluña, a un conocido general español de artillería y a la iglesia ortodoxa rusa, y en concreto al patriarcado de Moscú. También reparte bienes a otras personas que señala en el escrito de últimas voluntades, pero no incluye a ninguno de sus hijos. Precisamente los descendientes han sido los que han acudido a los tribunales para determinar que el militar mallorquín no tenía capacidad de testar. La demanda se presentó, inicialmente, en el juzgado de Inca, que fue rechazada por el juez, al interpretar que existía una falta de competencia territorial. Y la misma decisión adoptó posteriormente un juzgado de Palma, que consideró que tampoco era competente para tramitar esta demanda. Este conflicto entre dos juzgados ha sido resuelto por el tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia, que ha tenido que determinar cuál de los jueces, es decir, el de Inca o el de Palma, es el competente para resolver esta demanda. El auto que ha elaborado el tribunal no cita en ningún momento el caudal económico que el militar mallorquín dejó en herencia, ni tampoco los motivos que le llevaron a nombrar herederos a estos populares personajes. Lo único que hace es interpretar la ley en cuanto al juzgado que debe ser competente para asumir esta demanda de nulidad de un testamento.

La Audiencia recuerda que en los juicios sobre cuestiones hereditarias, como es este caso, será competente el tribunal del lugar en el que el finado tuvo su último domicilio. Y en el caso de que hubiese residido y fallecido en un país extranjero, se determinará el lugar de su último domicilio en España o donde estuviesen la mayor parte de sus bienes. Interpretando esta norma, el tribunal acuerda que sea el juzgado de Inca el que proceda a tramitar esta demanda por impugnación de una herencia, ya que fue en Alcúdia donde residió por última vez el militar fallecido.

No consta que ni Bush, ni el príncipe Carlos, ni tampoco el Partido Republicano de Estados Unidos hayan aceptado la herencia, que ahora impugnan los herederos del antiguo artillero.