La consellera de Salud, Patricia Gómez, ha anunciado hoy que los servicios jurídicos del Governestudiarán la posibilidad de impugnar el Real Decreto del Gobierno que regula la prescripción enfermera porque considera que "va en contra de la realidad sanitaria" y "crea un problema".
El decreto, aprobado en el Consejo de Ministros del pasado 23 de octubre, entra en vigor mañana después de que hoy se haya publicado en el BOE, y establece que solo los médicos, los odontólogos y los podólogos tienen facultad para recetar, ha informado la Conselleria en un comunicado.
El Govern rechaza que los enfermeros, a pesar de que tienen la misma formación en farmacología acreditada por el Ministerio de Educación, no puedan administrar legalmente ningún medicamento ni producto sanitario, si no hay previamente un prescriptor que diagnostique el paciente y determine el protocolo de práctica clínica que seguir.
La consellera Patricia Gómez ha dicho estar "totalmente en contra del contenido de este Real Decreto porque supone un acto de absoluta irresponsabilidad, que va en contra de la realidad sanitaria y no responde a las necesidades de los pacientes".
Ha lamentado que la nueva normativa les impedirá hacer, de manera autónoma, cientos de actuaciones que hasta ahora han llevado a cabo con normalidad.
Según Gómez, la entrada en vigor del Real Decreto no sólo no soluciona el problema del vacío legal que afecta a la actividad del personal de enfermería, sino que agrava la situación dado que impone una prohibición que resta autonomía a los profesionales que llevan a cabo una labor asistencial con formación y eficiencia probadas y lo hace sin motivo Gómez ha dicho que "el Ministerio ha creado un problema donde no había ninguno" y ha defendido la capacitación de las enfermeras.
Ha advertido de que la decisión tiene consecuencias directas para los profesionales de enfermería, que ya no podrán llevar a cabo muchas de tareas cotidianas sin la autorización previa del médico; para los médicos mismos, que verán aumentado considerablemente el volumen de trabajo, y para los pacientes, que verán alargados los tiempos de atención.
La consellera ha apelado al sentido común y ha anunciado que los servicios jurídicos trabajan para buscar una solución que dé apoyo y estabilidad a los trabajadores y estudiarán la posibilidad de impugnar el Real Decreto.
