El PP prefiere grapas que árboles. En un debate parlamentario sobre los presupuestos de la comunidad para 2016 que parecía que no iba a tener más historia que el rechazo sistemático de todas las enmiendas del PP y la aprobación de las cuentas públicas con el apoyo de los diputados de PSOE, Més y Podemos, el Partido Popular puso la nota de color y polémica con la presentación de una enmienda en la que pedía al Govern del Pacte que retirase 500.000 euros de la dotación de la Consellería de Agricultura para destinarlos a los tratamientos de grapas para la espalda del doctor Kovacs.
Con ese dinero, el PP quería resucitar en las islas la llamada 'neurorreflejoterapia', un servicio que, hasta que fue suprimido este año por el Govern Armengol, solo se prestaba en Balears y Asturias. El grapado de espalda está además excluido de la cartera nacional de servicios de salud, ante la ausencia de evidencias científicas que acrediten su eficacia en la cura del dolor de espalda. La enmienda del PP, firmada por la diputada Marga Prohens, reclamaba al conseller de Agricultura, Vicenç Vidal (Més), que sacase los 500.000 euros de la partida de gestión de espacios naturales. Según fuentes del departamento de Agricultura, ese dinero se emplea en el cuidado de parques naturales, áreas recreativas y fincas públicas, en las que se hacen tareas como la reparación de caminos, la prevención contra incendios, la señalización de espacios protegidos y el mantenimiento de las infraestructuras de apoyo a usuarios y servicios públicos.
La pasada legislatura, el Govern del PP, presidido por José Ramón Bauzá, financió cada año el concierto público con el que se pagaba la terapia de grapas. Además abonaba a Kovacs subvenciones anuales de 100.000 euros para "investigación", decisión muy criticada por la comunidad científica, toda vez que el resto de apoyos a investigadores fueron sistemáticamente recortados o eliminados.
"A los payeses les duele la espalda"
El debate de la enmienda enfrentó al actual conseller de Agricultura y las portavoces de Més per Mallorca y el PSOE, con el exconseller de Agricultura del PP de Bauzá, Gabriel Company. Los primeros defendían que el Govern, en los presupuestos, había optado por aumentar más otras partidas como las de acción social, sanidad, educación y lucha contra la pobreza, porque el pacto entre PSOE, Podemos y Més "tiene otras prioridades", marcadas por la emergencia socia. Company replicaba que es "una lástima" que el Govern priorice otras cosas. El exconseller se vio rápidamente respondido con las propias enmiendas de su partido: en ellas el PP proponía quitar dinero de espacios naturales para dárselo a Kovacs, pero también coger 500.000 euros de fomento de la agricultura para mejorar centros de salud, y destinar fondos de saneamiento y depuración de aguas a "financiar actuaciones contra el tabaquismo". "A los payeses también les duele la espalda", azotaba irónica a Company la diputada de Més Margalida Capellá.
Mediaba en la disputa Jaume Font, líder de El PI, que ejerce a la vez de látigo del Govern y de la oposición (y a ratos de líder de ambos), hasta el punto de que cuando deja de hablar le aplauden a la vez el actual conseller de Agricultura (a su vez criticado) y diputados del PP y de Podemos (también criticados por El Pi). Ayer Font se despachó a gusto con Company, al que pidió que "guarde las distancias": "Señor Company, usted fue conseller de Agricultura y tuvo cuatro años para poner en marcha las desaladoras pendientes desde 2001, y no lo hizo, así que ya está bien de dar lecciones".
Dependencia y renta social
El otro enfrentamiento de la sesión de aprobación de las cuentas puso en liza a la actual consellera de Servicios Sociales, Fina Santiago (Més), con su predecesora, Sandra Fernández (PP). La que gestionó hasta junio (Fernández, PP) reprochaba que haya 800 personas esperando residencia y el nuevo Govern genere solo 200 nuevas plazas, mientras otras 6.000 personas aguardan a ser incluidas en la Ley de Dependencia. A la actual responsable de Servicios Sociales le bastaba con recordar que la lista de espera no es precisamente de hoy, pero Santiago además afeó a la del PP las plazas de residencia que dejó vacías por mala gestión, o las situaciones ridículas que se vivían en su etapa, cuando "se les decía a los demandantes (de prestaciones económicas por dependencia) que no tenían derecho a prestación, porque tenían derecho a plaza de residencia, pero como no había plaza de residencia, pues ni una cosa ni otra".
La del PP arremetía luego contra la cuantía de 20 millones para la nueva renta social para personas con problemas, cuando el Govern del Pacte había prometido 60 millones. Sandra Fernández además criticaba que esos 20 millones pudieran usarse tanto en la nueva renta social como en las prestaciones de dependencia. Fina Santiago, tras hacer chirigota con el nuevo "PP antisistema", que pide al Govern que aumente gasto con cargo a deuda, subrayaba que "nunca había habido tanto dinero para dependencia". La consellera sostiene que "jamás" una nueva partida de apoyo social había nacido con tanto dinero (20 millones), y prometía que antes de que acabe la legislatura se habrá ampliado para llegar a más colectivos, como exigen los pactos firmados por el Govern con Podemos.
