Aunque Balears tendrá en 2016 un presupuesto público total de 4.444 millones de euros, lo cierto es que la mayor parte de ese dinero está cautivo de gastos tan fijos como los 1.200 millones que cuesta la plantilla o los casi mil que llegan a la banca en forma de devolución de créditos y pago de intereses. En ese contexto, se enmarca la disputa interna de la que nació la renta social garantizada del Govern. Empezaba el otoño y los consellers se citaban en Randa, en una reunión de máximo nivel para cuadrar unas cuentas que no salían. A Hacienda no le daba para todo, sobre todo si, ante las fuertes presiones hoteleras, se retrasaba la aplicación del nuevo impuesto turístico (la versión remozada de la ecotasa) y se renunciaba a sus 80 millones al año.

Ante la confusión reinante, la consellera de Servicios Sociales, Fina Santiago (Més), daba literalmente un puñetazo en la mesa y exigía que se definiesen en euros algunas políticas clave prometidas por el Govern, empezando por la renta social y sus 20 millones. La llamada de atención se convirtió en una búsqueda de dinero a la desesperada, que se saldó con concesiones como la de Martí March (PSIB), conseller de Educación, que aceptó que se capase uno de sus actuaciones clave, la reforma de colegios tras años de abandono en legislatura de recortes de Bauzá. El plan quedó en 19,5 millones, pero eran muchos más, dicen en el Govern. También el conseller Pons ofreció dinero de IB3. Y Turismo aceptó que el impuesto turístico empezase ya durante la temporada 2016, sin que el dinero se dedicase al fondo turístico prometido. Con todo nacía una renta social de 20 millones que aún así es insuficiente para la dura realidad de la exclusión en Balears.

De ahí también que ya haya, tanto en el Govern como en Podemos, quien pregunta por los 80 millones adicionales que mandará en 2016 el Estado a Balears para compensar deudas pasadas, según el acuerdo alcanzado la semana pasada entre el Govern y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.