Miguel Ángel Rodríguez, gerente de la UTE que se encargó de la construcción del velódromo Palma Arena e imputado en la causa que investiga las presuntas irregularidades cometidas durante la ejecución de los trabajos, niega en un escrito presentado ante el juez José Castro que las empresas que conformaban la unión temporal sobornasen al expresidente del Govern Jaume Matas a cambio de lograr la adjudicación de las obras. Mediante un escrito, Rodríguez reclama el archivo de su imputación en este procedimiento judicial, en el que se encuentra encausado desde 2009, año en que fueron impulsadas estas investigaciones. El instructor de las pesquisas, a través de una providencia, ha dado un plazo de tres días a la Fiscalía y resto de partes personadas para que se pronuncien al respecto.
La petición se produjo en el marco de la pieza principal del caso Palma Arena, cuya complejidad derivó en la apertura de 28 flecos. La causa, entre otros hechos, indaga así el sobrecoste de más de cincuenta millones de euros en la construcción de la considerada infraestructura 'estrella' bajo el último mandato de Matas (2003-2007), el enriquecimiento supuestamente ilícito del exministro y su elevado tren de vida así como la financiación ilegal del PP balear.
La defensa del empresario asevera cómo un informe de la Guardia Civil sitúa en 2004 el incremento patrimonial injustificado de Matas que se indaga en estas pesquisas -aumento supuestamente derivado del sobrecoste de las obras y el presunto pago de comisiones-, mientras que otro dictamen lo ubica "mucho antes" de enero de 2006, periodo en el que se produjo la adjudicación de los trabajos de construcción a la UTE gerenciada por Rodríguez, integrada por las mercantiles FCC y Melchor Mascaró.
El encausado, uno de los primeros cinco detenidos en esta causa, cuya operación policial se produjo en agosto de 2009, defendió tajante que el precio de las obras ejecutadas por la UTE fue de 69 millones de euros, mientras que el resto, hasta los 110 millones que acabó costando el velódromo, "es ajeno" a la unión de empresas.
Tal y como subrayó, se trataba de determinadas partidas, como las de la pista del Palma Arena y el viodemarcador, que "corrían a cargo de otras empresas ajenas a la UTE", además de incluir determinados gastos de promoción del edificio o publicidad de eventos, que "asimismo se consideran fraudulentos y que son servicios que la UTE no prestó, pues se prestaron y facturaron por empresas ajenas a ella".
Rodríguez recordó que, en cuanto a la actuación de la UTE, esta "se limitó a seguir las instrucciones de la dirección facultativa" de las obras, que es el órgano al que le corresponde ordenar la ejecución de modificaciones al proyecto original o de obras complementarias al mismo, "órdenes que la contrata viene obligada a ejecutar".
Presupuesto de 47 millones
El empresario recordó, además, que la ejecución de la obra fue inicialmente encomendada al arquitecto alemán Ralph Schürmann, quien presentó "un proyecto de ejecución absolutamente insatisfactorio, entre otras razones porque carecía de los más elementales cálculos y de otros datos imprescindibles" para el proyecto.
Según apuntó, el presupuesto que Schürmann había calculado fue de 47 millones de euros, un cálculo que "carecía de cualquier soporte real, pues el proyecto adolecía de carencias que impedían no ya su ejecución, sino siquiera tener un conocimiento aproximado de su coste de ejecución". Explicó que fueron unas "grandes deficiencias" que llevaron a numerosas modificaciones al proyecto inicial.
