El Govern analizó ayer una primera versión de la futura ley por la que se creará la Oficina contra la Corrupción de Balears, a la cual podrá dirigirse cualquier ciudadano para comunicar presuntos casos de corrupción que afecten a los intereses generales o a la gestión de fondos públicos y que, entre otras funciones, gestionará el Registro de patrimonio y actividades de los miembros del Govern y altos cargos, de los gobiernos de los Consells y del resto de instituciones y administraciones públicas. De acuerdo con este primer texto, se establece que las parejas de altos cargos podrán, de manera voluntaria, realizar también una declaración patrimonial ante el citado Registro.
La Oficina Anticorrupción no se creará hasta el primer semestre del próximo año, según explicó el portavoz del Govern, Marc Pons. El texto con el que trabaja el Ejecutivo establece que este organismo dependerá del Parlament, que elegirá a su director por mayoría cualificada de tres quintas partes.
La consellera de Participación, Transparencia y Cultura, Esperança Camps, precisó que la Oficina comprobará el patrimonio de los altos cargos, alertará sobre conductas que puedan ser corruptas e investigará posibles casos de usos irregulares de fondos públicos, entre otras cuestiones.
