La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares ha acordado prorrogar, por riesgo de fuga, la situación de prisión provisional en la que se encuentra desde hace dos años el empresario Alexander Romanov, uno de los principales sospechosos de la organización criminal rusa conocida como 'Taganskaya'.
El tribunal ha determinado que el acusado continúe ingresado en el centro penitenciario de Palma después de que este martes los abogados de Romanov reclamaran su excarcelamiento al aseverar que éste ya ha cumplido el máximo legal de dos años en prisión preventiva. Un periodo que, no obstante, puede prorrogarse dos años más para el caso de delitos penados con más de tres años de privación de libertad.
Romanov, para quien la Fiscalía solicita 17 años de cárcel, ingresó en prisión en diciembre de 2013 tras una operación coordinada por Europol que se realizó contra una de las más importantes organizaciones criminales moscovitas, especializada en los denominados raids, que consisten en la apropiación de empresas por medios violentos e ilegítimos y su posterior quiebra fraudulenta.
En su auto, la Audiencia recalca que, tras dos años en prisión, el riesgo de fuga por parte de Romanov "no sólo persiste, sino que se ha incrementado y aumentado" ante la cercanía del juicio fijado, por estos hechos, a partir del 6 de mayo de 2016.
La Sala incide en que, por tanto, se halla más próxima una probable condena "a muy elevadas penas", por lo que "su deseo por eludir tales responsabilidades se adivina mayor y más intenso que el que pudiera percibirse al principio de la instrucción de esta causa".
Al margen de ello, el tribunal apela a tener en cuenta "la peligrosidad" del acusado derivada de su presunta pertenencia "a una organización criminal mafiosa que utilizaría la violencia física y la extorsión para hacerse con la propiedad de distintas empresas y descapitalizarlas" -empresas que estarían radicadas en su país de origen-, además del hecho de disponer "de bienes e importantes contactos en Rusia, que podría utilizar para, de ser liberado provisionalmente, darse a la fuga".
En esta línea, la resolución judicial apunta que el procesado posee un elevado nivel de vida y recursos en Rusia que "podría aprovechar para eludir la acción de la justicia", como también "podría recibir la ayuda de sus familiares que se hallan en libertad provisional y que, con los contactos que poseen con las altas personalidades de la Federación Rusa, podrían valerse de los mismos para facilitar al acusado documentación falsa y medios económicos para permitir su salida subrepticia del país".
"No puede olvidarse, tampoco, que el acusado es una persona preparada con conocimientos empresariales y que a su llegada a España fue capaz de rodearse de personas expertas que le auxiliaron para, presuntamente, blanquear fondos provenientes de actividades delictivas y al mismo tiempo para seguir cometiendo otros ilícitos", añade el auto.
El tribunal, presidido por el magistrado Diego Gómez-Reino, recalca, por tanto, que el tribunal "no ofrece garantías suficientes de que, de ser liberado, no aprovechara esa situación de libertad para darse a la fuga y así impedir ser juzgado y eventualmente condenado a las importantes y muy elevadas penas que le solicita el Ministerio Fiscal".
En concreto, fue 20 meses antes de su encarcelamiento cuando se iniciaron las investigaciones en torno su papel al frente de 'Taganskaya' y sus actuaciones en Mallorca. La Guardia Civil detectó los vínculos criminales de Romanov, que estaba haciendo fuertes inversiones de dinero en Mallorca, entre ellas en el Hotel Mar y Pins, y quien cuenta con antecedentes en Rusia por delitos económicos.
Las pesquisas realizadas llevaron a los agentes a determinar que 'Taganskaya' estaba utilizando España para blanquear fondos, un esquema en el que Romanov es una pieza clave, auxiliado por distintos colaboradores, testaferros, asesores jurídicos y fiscales.
Estructura y actividad de Taganskaya
De hecho, los investigadores postulan que 'Taganskaya' es una de las principales organizaciones criminales asentadas desde los años noventa en Moscú, compuesta por más de 50 miembros y especializada en raids, fraudes bancarios, extorsiones y ejecución de asesinatos por encargo. Romanov es miembro activo de la misma y ya fue condenado a tres años y medio en Rusia por fraude a gran escala.
Es más, sostienen cómo su mujer, Natalia Borisovna y los padres de ésta como testaferros, forman parte de la red societaria utilizada para la comisión delictiva.
Además, tras introducir en España el dinero procedente de la organización criminal a fin de aflorarlo en el mercado y conferirle apariencia de licitud, el matrimonio se rodeó de un grupo de personas a su servicio en el que se incluía un agente inmobiliario, un abogado, un policía, una empleada "fiel", un asesor fiscal y varios 'hombres de paja' con el objetivo de facilitar las inversiones y obtener la mayor rentabilidad posible.
Compra del Hotel Mar i Pins
De este modo fue como el 24 de febrero de 2010 Romanov, a través de su empresa Natali Mar i Pins, formalizó la compra ante notario del hotel del mismo nombre y una vivienda anexa. El precio escriturado era de 5,95 millones de euros, lográndose así la adquisición de un inmueble de alto valor, con perspectivas turísticas en una zona privilegiada de Mallorca y emprendiendo después costosas obras de reforma del hotel y la vivienda donde pasaron a residir.
Una compra y reforma para las cuales el matrimonio comenzó a transferir del entramado criminal numerosas cantidades a cuentas corrientes gestionadas por ambos, hasta un total de 12,8 millones, según relata el auto.
Tras ello, el grupo pretendía incrementar las inversiones en España y así buscaron más hoteles para comprar, si bien la intervención policial y judicial puesta en marcha impidieron que pudieran realizar finalmente otras inversiones en el país.
Delitos que se le imputan
En concreto, el Ministerio Público acusa a Romanov de un delito continuado de blanqueo de capitales, contra los derechos de los trabajadores, falsedad en documento mercantil y pertenencia a grupo organizado para delinquir.
Sus abogados pedían asimismo que se anulase todo el proceso "ante la insustancialidad de las pruebas acumuladas sobre las que intenta sostenerse el caso", apuntando a "la falta de rigor de la causa, la falsificación de firmas y pruebas, y lo que es más grave aún si cabe, que nadie se dignó a investigar en España si los presuntos hechos por los que se le pretende juzgar están fundamentados en Rusia o sólo son una especulación fruto de la asociación de ideas y prejuicios basados en que un empresario de éxito y ruso sólo puede ser mafioso".
