La crisis económica puede ser uno de los factores por los que el rechazo hacia los inmigrantes esté creciendo en los últimos años en Balears. Así lo pone de manifiesto la encuesta de Gadeso sobre inmigración. El 89% de los isleños quiere que los sin papeles sean expulsados del territorio español y un 82% está convencido de que en las islas han llegado un exceso de expatriados.
La prospección muestra una elocuente evolución del rechazo de la población balear hacia los inmigrantes. En 2012 había un 82% que los quería expulsar, en 2014 pasó al 85% y este año llega al 89%. Los motivos principales que argumentan para esta contundente opinión también son claros: un 47% cree que generan inseguridad y delincuencia, un 43% asegura que abusan de los servicios públicos y un 10% que generan economía sumergida.
El pasado año había un 78% de isleños que consideraba que en las islas residían demasiados inmigrantes, tanto regulares como sin papeles. En 2015 esta percepción ha crecido cuatro puntos y se ha situados en el 82% de la población.
La encuesta de Gadeso también pregunta a la población autóctona su opinión sobre los inmigrantes regularizados. Un 82% manifiesta tener una opinión negativa y solo el 18% la tiene positiva. El 59% de los que se manifestaron en contra de los expatriados apunta que ocupan los puestos de trabajo de los autóctonos. Un 28% les recrimina su falta de integración y un 13% los culpa de la saturación de los servicios públicos.
Otros datos revelador de la situación es que un 95% de los consultados considera que si un inmigrante se queda sin trabajo durante mucho tiempo debería ser expulsado. En Mallorca y Eivissa son de esta opinión un 96% de los consultados y en Menorca solo el 91%. Además, esta opinión ha crecido dos puntos con respecto al año anterior.
El 97% apuesta por la expulsión directa en caso de que cometa algún delito y un 83% cree que si un inmigrante no se integra en las costumbres y tradiciones debería ser expulsado. Esta opinión es más contundente en Eivissa, ya que el 86% de los consultados así lo creen.
Por lo que respecta a los derechos de la población inmigrante también se aprecia un notorio rechazo. Solo el 10% de los encuestados por Gadeso cree se les debe dar facilidades para la reagrupación familiar, cinco puntos por debajo que el año anterior. Únicamente el 22% apuesta por la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación y tan solo el 17% está a favor de que accedan a la sanidad pública en igualdad de condiciones, nueve puntos menos que en 2014.
Esta opinión de la ciudadanía contrasta con las últimas medidas adoptadas por el Govern al conceder la tarjeta sanitaria a todos los inmigrantes.
