El Gobierno central ha presentado un recurso contencioso administrativo contra la orden del Govern balear que amplía a los inmigrantes irregulares el derecho a la atención sanitaria completa, restringido en 2012 por decisión del ejecutivo del PP.
El portavoz del Govern, Marc Pons, ha anunciado hoy que el ejecutivo estatal ha impugnado en los tribunales la resolución del director general del Ib-Salut, Juli Fuster, que retornó la sanidad universal a Baleares a finales del pasado mes de julio.
Pons ha indicado que "el contencioso no paraliza" esta devolución del derecho a tener médico de cabecera y poder acceder a toda la cartera de servicios de la sanidad pública a los extranjeros radicados en el archipiélago sin permiso de residencia.
El portavoz ha explicado que cuando el Govern de PSIB y Més decidió la recuperación de la sanidad universal "se valoró que fuera por decreto, pero se optó por la resolución porque parecía la vía más segura", ya que no quedaría suspendida su aplicación en caso de un recurso judicial como el que ha planteado el Gobierno.
"A pesar de este contencioso seguiremos haciendo camino", ha insistido el portavoz, para quien "debilitar a los ciudadanos no es como se refuerza un Estado, se refuerza dando respuesta atendiendo a las personas que más lo necesitan".
Por otro lado, Pons ha indicado que aún no está fijada la fecha y la hora de la reunión de la comisión mixta de financiación con el Estado, aunque se barajan la tarde del martes y la mañana del miércoles.
Sí se ha establecido el orden del día: prorroga de las inversiones estatutarias (de 70 millones de euros aportados hay 24 que reclama el Gobierno porque no se han ejecutado las inversiones pactadas), cumplimiento de las sentencias sobre el convenio de carreteras (240 millones) y creación de un grupo de trabajo sobre un nuevo Régimen Especial para Baleares.
