La respuesta del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, a la amenaza del Govern de demandar al Estado por incumplimientos de convenios e inversiones estatutarias se produjo ayer, con la llamada del ministro a la consellera de Hacienda, Catalina Cladera, para convocar la comisión bilateral entre el Govern y el Gobierno central, que en principio se celebrará el próximo 30 de noviembre. Cladera y el conseller de Presidencia, Marc Pons, lanzaron el lunes su ultimátum al Gobierno central, después de que Montoro no cumpliera con el compromiso que arrancó a Mariano Rajoy la presidenta del Govern, Francina Armengol, de convocar una comisión para acordar las inversiones estatales que reclama el Govern. El plazo para este encuentro acabó a finales de octubre sin que el Ministerio fijara una fecha. El Govern insistió y obtuvo como nuevo plazo el 15 de noviembre, sin que de nuevo Montoro fijara una fecha.

Ante esta situación, el Govern optó el pasado lunes por amenazar con acudir a los tribunales para exigir por la vía judicial al Gobierno central inversiones estatutarias y fondos de convenios que no han llegado a Balears por un importe de más de 400 millones de euros. Cuatro días después, se produjo la llamada telefónica de Montoro a Cladera, según explicó Marc Pons tras la reunión del Consell de Govern. El conseller de Presidencia recordó que esta comisión "no se ha reunido en cinco años" y que el Govern acudirá al encuentro con el objetivo de cerrar acuerdos, aunque coincida ya con el final de la legislatura.

En este sentido, consideró que "ahora sería absurdo abrir el debate sobre un nuevo sistema de financiación por que no daría tiempo" de acordarlo antes de las elecciones generales del 20 de diciembre. Si embargo, hay otras cuestiones sobre las que el Govern sí quiere arrancar ya un compromiso por parte del Gobierno de Rajoy. En concreto, el Ejecutivo balear pondrá sobre la mesa un "aplazamiento" de los convenios de inversiones estatutarias que "el Govern del PP no ejecutó en cuatro años" y cuyo plazo está a punto de acabar.

Además, quiere que el Gobierno central pague los fondos del convenio de carreteras pendiente de ejecución desde hace seis años, algo que sólo depende de "la decisión del Gobierno central", según Pons. Por último, el Ejecutivo balear pretende "dejar encarrilado" un nuevo Régimen Especial para Balears (REB), por lo que aunque no de tiempo a acordarlo antes de que acabe la legislatura, desea comenzar a negociarlo. Pons resaltó que Armengol ya planteó la necesidad de tratar sobre estos asuntos en la reunión que celebró en septiembre con Rajoy, quien "lo vio con buenos ojos".

Por otro lado, Montoro anunció ayer tras el Consejo de Ministros que el Gobierno central acordó repartir 7.889 millones de euros extras a las comunidades autónomas, de los que 2.449 son del Fondo de Facilidad Financiera, del cual Balears recibirá 163,59 millones, según informó EFE.