La Inspección de Trabajo va a realizar 17.189 controles programados a lo largo del próximo año en Balears, según el plan de vigilancia presentado ayer por este organismo y por la Conselleria del ramo ante patronal y sindicatos. La novedad radica en el peso que el Govern ha dado en las actuaciones a realizar a las condiciones de trabajo de los asalariados isleños y al fraude en las contrataciones, tal y como adelantó Diario de Mallorca el pasado día 9.
La conselleria de Trabajo y el ministerio de Empleo han pactado un incremento en el peso que la primera pasa a tener a la hora de diseñar el citado plan de inspecciones para 2016, dado que se ha ocupado de marcar las prioridades en el 46% de las inspecciones previstas, es decir en 7.736 de estos controles. El Estado se reserva la gestión de un 49% de estas actuaciones, y el 5% restante se deriva de otros tipos de expedientes que no son computables a estas Administraciones.
Cuatro son los planes de actuación que se ven reforzados por decisión del Ejecutivo autonómico, según pusieron de relieve el conseller Iago Negueruela y la directora general Isabel Castro: control del tiempo de trabajo, del límite de horas extraordinarias, de la temporalidad y de la contratación a tiempo parcial. En el primero de estos casos, el conseller recordó el incremento de incumplimientos como los relacionados con los tiempos de descanso o con el disfrute de días libres, y abogó por recuperar la formula de “ocho horas de trabajo, ocho de ocio y ocho de descanso” al día.
En materia de fraude en la contratación, se han previsto 870 actuaciones, lo que supone un aumento del 16% respecto al pasado año, mientras que en lo relativo a las condiciones de trabajo esa cifra se eleva a 916, con un aumento del 358%.
El Govern ha decidido también reforzar la vigilancia que se lleva a cabo en materia de salud laboral, con la apertura de investigaciones sobre los accidentes leves, dado el elevado índice de siniestralidad que se registra en el archipiélago. En este marco, se desarrollará una campaña dirigida a los sobreesfuerzos físicos, con especial incidencia sobre tres colectivos: las camareras de piso, el personal sanitario y los trabajadores de handling en los aeropuertos. En este caso, el aumento de los controles previstos se cifra en un 144%. También aumentan un 166% las órdenes de servicio en relación a los riesgos psicosociales.
Nuevos convenios
La colaboración que están manteniendo el Govern y la Inspección de Trabajo (dependiente esta última del Ejecutivo estatal) queda reflejado igualmente en la inminente firma de dos nuevos convenios, según subrayo el conseller Negueruela.
El primero de ellos contempla la creación de un equipo de inspección que controlará las subvenciones concedidas por el servicio balear de empleo (Soib) en temas como la formación ocupacional, elevando así la vigilancia que se aplica en esta materia. Este tema tiene una especial relevancia debido a la investigación abierta sobre el uso que las patronales CAEB y PIMEM y los sindicatos UGT y CCOO hicieron de los fondos destinados a cursos de formación.
El segundo convenio, también para firmar antes de que acabe el año, tiene como objetivo repetir la experiencia del pasado verano en el desarrollo de una campaña contra la explotación laboral, con la llegada de inspectores procedentes de la península. Según el conseller, este tema está ya solo pendiente de fijar el tiempo durante el que se desarrollarán esta vigilancia y el número de funcionarios que se desplazarán a Balears para reforzar al personal isleño.
Por otro lado, este plan de inspecciones contempla también las campañas sobre las que el Estado hace especial hincapié, como es el tema del fraude a la Seguridad Social y Economía Sumergida, sobre el que se volverá a dar un mayor peso a los sectores de la hotelería y la restauración, el comercio, y el resto de servicios, además de la construcción.
El conseller señaló que durante la reunión celebrada ayer, patronal y sindicatos expresaron su apoyo a estas actuaciones.
Resultados de 2015
Por otro lado, los responsables de la Inspección en las islas presentaron los resultados de los diez primeros meses de este año, con la propuesta de sanciones por las irregularidades detectadas por un valor que se acerca a los ocho millones de euros. Según señalaron los sindicatos, 6,1 millones de euros corresponden a expedientes abiertos en materia de Economía Irregular, Seguridad Social y Trabajo de Extranjeros, a los que hay que sumar cerca de un millón en relación a los capítulos de empleo y relaciones laborales, y una cantidad similar a esta última en riesgos laborales.
Los sindicatos valoraron también en que más de 4.000 trabajadores se hayan beneficiado de la conversión de sus contratos en indefinidos, o que se hayan recuperado 14 millones de euros en cuotas a la Seguridad Social gracias al empleo irregular que se ha conseguido aflorar durante el presente ejercicio.
