El demandador de morosos demandado por moroso. El Govern de Francina Armengol anunció el lunes que llevará al Gobierno de Mariano Rajoy ante los tribunales por sus impagos, pero a la vez responderá en los tribunales por las cantidades que adeuda al Ayuntamiento de Palma. Todo porque ni Rajoy paga a Balears las inversiones estatutarias que le corresponden por ley (hay casi 900 millones pendientes), ni Armengol le entrega a Palma las inversiones a las que obliga la Ley de Capitalidad. Ni las entrega, ni parece que las vaya a entregar. O a eso apunta a consellera de Hacienda del Govern, Cati Cladera, que en entrevista con este diario explica que en estos momentos no hay dinero para abonar los 30 millones que cada año corresponden a Palma como capital de la comunidad. "Es difícil cumplir con la Ley de Capitalidad, hay que reconocerlo. Es mucho dinero", indica Cladera, que se compromete a entregarle a la ciudad la partida "cuando el Govern obtenga recursos".
Aunque si el Ayuntamiento sigue adelante con sus intenciones, demandará al Govern antes de que esos recursos lleguen. Sobre todo porque el Ejecutivo Armengol fía esa mejora en la capacidad económica de Balears a un nuevo modelo de financiación territorial que tiene que poner de acuerdo a las comunidades con el Estado, pero ni ha empezado a negociarse ni se pagaría en cualquier caso antes de 2018. Y el equipo de Gobierno de Cort (PSOE, Més y Som Palma) no parece dispuesto a esperar tanto. Recuerdan que en 2016 deben entregarles 30 millones, pero el Govern solo ha presupuestado 7,7. Faltarían 22,3, y la ley deja claro que no se computan como parte de esa partida las inversiones por valor de 40 millones que hay en los presupuesto del Govern autonómico (la mitad del IB Salut).
Palacio de Congresos
El texto de la Ley de Capitalidad exige que ese dinero se entregue a Palma, para que la ciudad decida, a través del Consejo de Capitalidad, en qué quiere gastarlo. Desde Cort explicaron a este diario que estarían dispuestos a aceptar que parte de esa partida de 22,3 millones que falta se compensase con otro tipo de inversiones, como por ejemplo hizo en los años precedentes el Govern Bauzá con el dinero preciso para seguir alimentando las obras del Palacio de Congresos (más de 30 millones entraron por esa vía entre 2012 y 2014).
Pero en el Govern Armengol sostienen que no hay dinero ni para eso ni, menos aún, para la segunda exigencia que contempla la Ley de Capitalidad: que el 16% de las inversiones del Govern sean en Palma. Este segundo punto se incumple sistemáticamente desde que se aprobó la ley de capitalidad. Si se atendiese, en 2016, a los 30 citados, el Govern balear debería añadir el 16% de los 408 millones de inversión que recogen los presupuestos de la comunidad, y eso serían otros 65 millones. Inviable, aseguran. Un ejemplo lo ilustra: pese a que el presupuesto autonómico para el año que viene cuenta con 4.444 millones de euros en total, todas las consellerias se vieron obligadas a cancelar partidas y proyectos, para conseguir los 20 millones de euros con los que se pagará una de las promesas del Pacto de Govern suscrito por PSOE, Més y Podemos, la renta básica para las personas sin recursos. Y eran 20 millones, muchos menos de los que le ley asigna a Palma.
