Fuentes de la Audiencia de Palma señalaron ayer que la ley prevé la sustitución de un magistrado de un tribunal, por diferentes circunstancias, aunque específicamente no contemple que se debe a que el juez decide dedicarse a la política. La norma contempla la sustitución de un juez por un compañero, de tal forma que se asegure que el tribunal lo compongan tres magistrados. Aunque estaba previsto que Juan Pedro Yllanes actuara de presidente en el juicio del caso Nóos y, por tanto, fuera el responsable del desarrollo de la vista, el juez no iba a ser ponente. Es decir, no iba a ser él quien redactara la sentencia. La ponente designada es la magistrada Samanta Romero. Pero la renuncia de Yllanes obliga a nombrar a otro magistrado. No se nombra a un presidente, sino que se designa al tercer integrante del tribunal. Y una vez establecidos los tres nombres, que en este caso con toda seguridad serán tres mujeres, se designará al presidente, un cargo que se elige por antiguedad en la carrera judicial. Situación distinta habría sido, según señalan las mismas fuentes, que la renuncia la hubiera presentado la ponente. En este caso habría sido mucho más complicado que el juicio del caso Nóos se iniciara el día 11 de enero. Habría tenido poco tiempo para ilustrarse de un caso que arrastra tantos folios. Sin embargo, en el caso de Yllanes su sustitución es más sencilla.
