El exconcejal de Urbanismo de Palma, Javier Rodrigo de Santos, aseguró al juez Castro que en los corrillos de las conversaciones que mantenía con los constructores de Balears, se asegura que José María Rodríguez "también cobraba comisiones", aunque confesó que él no lo podía demostrar. Sin embargo, señaló que este supuesto cobro se habría producido en la adjudicación de las obras de los polideportivos que el presidente del PP de Palma impulsó cuando fue concejal del Ayuntamiento.

Sin embargo, Rodrigo de Santos fue citado a declarar como testigo, no para acusar a Rodríguez, sino para detallar su intervención en el proceso de adjudicación de Son Espases. Ya declaró con anterioridad ante el fiscal Anticorrupción, Pedro Horrach, y afirmó que Jaume Matas, a través de su cuñado Fernando Areal, había amañado el concurso de adjudicación y había solicitado comisiones a la empresa constructora.

Rodrigo de Santos detalló una conversación que mantuvo con Sergio Bertrán, exdirector general de IB Salut, con quien había trabajado en el Insalud. Explicó que no eran amigos, pero sí tenían una buena relación. Por ello, solían hablar con frecuencia por teléfono. Situando una conversación en julio de 2006, Bertrán, según el exconcejal, le confesó su desesperación por el proceso de Son Espases. "Veía que había una presión por adjudicar las obras a OHL, pero no la compartía". El exdirector general se quejó de que fuera una empresa externa la que hiciera la valoración y eso le parecía "que olía mal". De Santos no se quedó quieto. Reconoce que fue "un poco tramposo", porque avisó a un periodista de su confianza (Eduardo Inda) y le desveló el nombre de la empresa ganadora para que "reventara esa operación publicándolo". Además, se eligió que sería un viernes, coincidiendo con el Consejo de Gobierno. La reacción fue que Matas ordenó la paralización del concurso, encargando nuevos informes.

El exconcejal señaló algunas cifras sobre el pago de comisiones, pero reconoció que hablaba de referencias, sin pruebas para demostrarlo. Aún así, afirmó que era decisión de Matas que en cada obra pública propuesta por el Govern, participaran dos empresas, una local y otra nacional. Así, a través de la empresa local se conseguía el pago de comisiones para el Partido Popular de Balears. En cambio, "alguien que desconozco de los servicios centrales del PP, que bien puede ser Jaume Matas", se encargaba de solicitar "esa comisión a la empresa nacional".

Rodrigo de Santos, a preguntas del abogado Gaspar Oliver, confesó que su mujer había trabajado para la empresa constructora Fomento, que finalmente se adjudicó la obra. Trabajó antes de que él fuera nombrado concejal de urbanismo. Sin embargo, reconoció también que después mantuvo una estrecha relación de amistad con el delegado en Baleares de esta empresa constructora. Una relación tan próxima, hasta el extremo de que solía visitarle con frecuencia cuando estuvo preso en la cárcel de Palma.