El juez Castro ha fijado su punto de mira sobre el encargo que el Govern de Jaume Matas le realizó al Consell Consultiu, para que hiciera un informe sobre el proceso de adjudicación del proyecto de Son Espases. Un trabajo que inicialmente fue designado a la jurista Carmen Martínez, pero que finalmente asumió el entonces presidente de la institución, Miguel Coll (ya fallecido). Una situación insólita ya que, pese a que el presidente del Consultiu tenía la potestad de asumir personalmente el asunto que considerara oportuno, hasta ese momento nunca había reclamado un caso sobre el que ya había designado a un ponente. El juez ha reclamado al presidente del Consultiu, Rafael Perera, que le remita "testimonio de cuantos documentos o libros de registros se refieren de algún modo a la designación del ponente o sus incidencias en el expediente en el que se emitió el dictamen". También reclama el nombre, apellidos y domicilios de los funcionarios que tuvieron alguna intervención "en esta labor o en su materialización".
El dictamen del Consultiu fue ratificado por la mayoría de juristas, pero dos de ellos se opusieron a que se aceptara a trámite al no ser una cuestión jurídica.
Carmen Martínez declaró la pasada semana al juez Castro que cuando ya había empezado a trabajar sobre el asunto, el entonces presidente, Miquel Coll, le ordenó que le entregara toda la documentación. Ella, como simple vocal del Consultiu, no pudo negarse a esta orden. Coll propuso que se solicitaran informes a otros colegios profesionales sobre el proyecto.
