El sindicato UGT presentó ayer un contencioso administrativo contra la suspensión de los acuerdos de carrera profesional acordada en el Consell de Govern del pasado 25 de septiembre en la parte que afecta a los funcionarios de Servicios Generales.

Este recurso a la vía judicial fue inmediatamente contestado por el Govern que, en boca de un coyuntural portavoz Biel Barceló, les recriminó que hayan optado por esta vía máxime cuando el próximo martes hay convocada una mesa de negociación para abordar este asunto con los funcionarios de Servicios Generales y "existe una clara voluntad política de alcanzar un acuerdo".

El ugetista Jordi Crehuet explicó que han decidido presentar el contencioso porque el malestar existente entre los empleados de este sector crece cada día que pasa sin alcanzarse un acuerdo del que, recordó, ya disfrutan sus compañeros de Sanidad.

La demanda presentada por el sindicato está fundamentada en dos cuestiones básicas, a saber, que no existe la alteración sustancial de las condiciones económicas alegada para la suspensión como lo demuestra el presupuesto expansivo elaborado para 2016 en el que crecen todas las partidas y, en segundo lugar, que esta anulación tendrá efectos irreparables para el personal próximo a jubilarse que perdería de media 75 euros mensuales en su futura pensión, según detalló UGT en un comunicado.

"El enfado en Servicios Generales va en aumento porque no nos tratan igual que a los funcionarios de Salud y, además, todo lo que nos han ofrecido hasta ahora empeora notablemente el acuerdo que alcanzamos con la anterior Administración", lamentó Crehuet poniendo además en tela de juicio las declaraciones del Govern de que pretende tratar de forma igualitaria a todos los empleados públicos de esta comunidad.

"Nos han ofrecido cobrar un 12,5% de la carrera profesional a partir del próximo año cuando teníamos pactado el 25% desde el pasado mes de octubre. Y además nos piden que dilatemos el cobro del 50% de la paga extra de 2012 a los años 2017 y 2018, como a los sanitarios pero ofreciéndonos a cambio la mitad de lo que les han dado a ellos", explicó el agravio comparativo el sindicalista, que recordó que esta suspensión del cobro de este complemento afecta a unos 3.100 trabajadores de Servicios Generales, 2.560 de ellos funcionarios y los 530 restantes empleados laborales. "Queremos el mismo trato que se ha dado a los trabajadores sanitarios", advirtió. Mientras se dilucidan estas cuestiones, el Consell de Govern de ayer ratificó el acuerdo de mesa sectorial de Salud por el que se reactiva el cobro de este plus por los sanitarios.