El fiscal Pedro Horrach presentó ayer un escrito al juez Castro en el que apoya la propuesta de que se desimpute a Pere Rotger, antiguo alcalde de Inca y expresidente del Parlament, implicado en la trama Over. Anticorrupción avala de esta forma la petición que la pasada semana planteó el abogado defensor Gaspar Oliver. Rotger, que ha visto como este caso ha afectado gravemente su carrera política (tuvo que abandonar la presidencia de la Cámara autonómica), firmó un contrato en el año 2008, mientras era alcalde de Inca, con la empresa de publicidad Over, para que realizara un estudio sobre la calidad de vida de los ciudadanos de la localidad. Se trató de una contratación directa, sin convocar un concurso previo, y que supuso un coste de 17.500 euros, abonados con fondos públicos. El fiscal señala en su escrito que la tramitación de este expediente coincide con una modificación legislativa, que elevó de los 12.000 a 18.000 euros el importe máximo del contrato menor. Este encargo a la empresa de publicidad que elaboró la campaña electoral de Jaume Matas del año 2003, se gestionó a finales del año 2007, pero la factura no se presentó hasta el año siguiente. Por tanto, el fiscal entiende que esta duda sobre que normativa debe aplicarse para interpretar esta contratación, siempre debe ir a favor del imputado, por lo que considera que el valor del estudio elaborado por Over estaría amparado por la legalidad. "La imputación no puede construirse en base a meras probabilidades, sino a certezas", explica el fiscal.
Entrando en el fondo del tema, Horrach afirma que no existe ninguna duda de que la iniciativa municipal para la contratación de este servicio externo fue de Pere Rotger, como se ha demostrado a través de la declaración de los testigos. Sin embargo, aunque fuera el alcalde quien ordenó que se contratara a la empresa Over, no se ha demostrado, "pese al esfuerzo investigador", que indicara el método de contratación, es decir, a través de un contrato menor. Ni tampoco se ha demostrado que la intención de Rotger al encargar este estudio fuera la de beneficiar a esta empresa, aunque finalmente se hiciera a través del amaño del procedimiento de contratación.
Para llegar a esta conclusión, que supone apartar de cualquier culpa a Rotger, la fiscalía ha valorado sobre todo la declaración del que fuera su jefe de prensa. Este asesor declaró que había sido él quien le había propuesto al alcalde de Inca la necesidad de elaborar este estudio.
Tampoco olvida el fiscal que el Ayuntamiento de Inca solicitó dos presupuestos relativos al mismo servicio, aunque no se elaboró ningún expediente administrativo que justificara esta decisión. Uno de los presupuestos lo pidió el propio jefe de prensa a otra empresa, tal como le había sugerido el propio alcalde de Inca, para conocer el coste aproximado que iba a suponer la contratación de Over y concretar si el servicio se ajustaba a los precios del mercado.
Sin embargo, el fiscal cuestiona que a fecha de hoy todavía se desconoce "cómo y a través de qué medio" tuvo entrada en el ayuntamiento el presupuesto que elaboró Over. Aún así, Horrach llega a la conclusión de que no puede demostrarse que la entrega de estos dos presupuestos respondiera a la "finalidad de simular un procedimiento negociado sin publicidad".
También recuerda Horrach que se ha investigado la utilidad pública de este contrato, ya que inicialmente estaba previsto que Over se encargara de realizar un proyecto para mejorar la proyección mediática del Partido Popular en Inca, que iba a pagarse con fondos público. Sin embargo, según destaca el fiscal, finalmente Rotger rechazó este proyecto global, por cuanto no se trataba de un servicio público, sino "de carácter particular". De este modo, Over únicamente realizó este estudio sobre la calidad de vida de los ciudadanos de Inca, "cuya utilidad pública no ha sido discutida", aunque queda "en el ámbito de la sospecha su verdadera finalidad".
También considera Horrach que no se ha podido demostrar que Pere Rotger ordenara a Over que en el mismo contrato, se añadiera un curso para mejorar la oratoria de los responsables políticos, al que no acudió él, sino su sucesor en el cargo, Rafael Torres. Por este curso, se abonó una factura extra de 3.000 euros.
Ante la falta de acusación, el juez Castro anunciará en breve la desimputación de Rotger.
