La Audiencia de Palma ha dictado una sentencia absolutoria a favor del notario Alberto Herrán, que fue acusado de ocultar una operación de blanqueo de dinero, por la que el fiscal Anticorrupción, Juan Carrau, le solicitaba una pena de 16 meses de prisión y una sanción económica de dos millones de euros. El tribunal, sin embargo, entiende que la actuación del notario, al no avisar a las autoridades bancarias sus sospechas de que se estaba cometiendo un delito de blanqueo, puede ser criticable e incluso puede suponer una sanción administrativa, pero no una condena penal.

La misma sentencia condena al abogado de Palma, Alejandro Feliu, del bufete Feliu, al que se le impone una condena de dos años y medio de prisión, más una multa de más de cuatro millones de euros, como autor de un delito fiscal y otro de blanqueo de dinero. El tribunal, al mismo tiempo, también condena al magnate británico Peter Brian Bradley, que deberá cumplir la misma condena que el abogado. Este acusado fue extraditado hace más de un año desde el Reino Unido y en este momento está en prisión. Al mismo tiempo, la Sala condena a una empleada del bufete Feliu, que fue utilizada como testaferro, a la pena de seis meses de prisión.

Feliu actuó como asesor legal del magnate para la adquisición de una lujosa vivienda en Calvià. Bradley había obtenido en el año 2000 unos diez millones de libras, a través de una estafa, que consistió en inflar el precio de las acciones de su empresa, que se dedicaba a la venta de gas licuado. Este fraude ocasionó unas pérdidas de unos 45 millones de euros.

El abogado fue el autor, según señalan los jueces, del plan para evitar que el nombre de Bradley apareciera como comprador de esta lujosa vivienda. La operación se realizó a través de sociedades ubicadas en Panamá, aunque la financiación la aportó un banco español. La compra se escrituró en la notaria de Herrán. El tribunal afirma que Alejandro Feliu, que ha sido ya condenado en varias piezas del llamado caso Relámpago, orquestó la maniobra a través de estas sociedades pantallas, para evitar que Hacienda detectara este flujo económico. Al mismo tiempo, se ocultaba que el dinero, casi cuatro millones de euros, procedían de una operación delictiva cometida en Gran Bretaña.