El proyecto de presupuestos de 2016, que previsiblemente aprobarán los partidos firmantes del pacto de gobernabilidad, contempla la suspensión parcial de la Ley de Financias de 2014 porque resta "márgenes de maniobra" ante la dificultad de cumplir el techo de déficit del 0,3% del PIB.
La ley, que se aprobó con una amplia mayoría en el Parlament a finales de 2014 y debía entrar en vigor en 2016, restringía las ampliaciones de crédito que habitualmente se empleaban para afrontar gastos no presupuestados, una herramienta que el Govern se verá obligado a usar el año que viene porque asume que será imposible cumplir el límite de déficit impuesto por el Gobierno central.
La consellera de Hacienda, Catalina Cladera, ha subrayado hoy al justificar la suspensión parcial de la ley que respaldó su partido, el PSIB, que este año el presupuesto se cerrará con un déficit del 1,5 % cuando el objetivo es del 0,7 %, y ha confiado en que en 2016 un nuevo Gobierno flexibilice el límite del 0,3 %.
Joan Carrió, director general de Presupuestos, ha explicado que será necesario recurrir a ampliaciones y modificaciones de crédito que estarían prohibidas si la Ley de Finanzas entrase en vigor plenamente, puesto que esa norma se aprobó con el propósito de "llevar a la máxima potencia" la Ley de Estabilidad Presupuestaria estatal, que establece mecanismos para el cumplimiento de los objetivos de déficit.
Carrió ha añadido que, más allá de esta justificación política, "hay un argumento técnico" para suspender la aplicación de parte de la Ley de Finanzas, que es que los "sistemas de información y procedimientos de gestión" de los organismos de la administración autonómica no se han adecuado a las exigencias de la norma.
