El Ayuntamiento de Andratx, personado en el pleito ante el Tribunal Superior de Justicia de Balears, se opuso a que las promotoras de la fase III de la urbanización Montport fueran indemnizadas por los gastos de las redes de agua potable y alcantarillado. El consistorio alegó que la recepción de aquellas obras por un Ayuntamiento anterior era "la demostración palpable y manifiesta de una cadena de ilegalidades y nulidades de pleno derecho, con desprecio absoluto a las normas de desarrollo y de adquisición gradual de los derechos urbanísticos".
El Tribunal Supremo afirma que ese alegato no puede hacerle cambiar de opinión respecto a reconocer el derecho de las empresas demandantes a ser compensadas por aquellos gastos y añade que el Ayuntamiento de Andratx debería haber recurrido en casación la sentencia del TSJB donde se dio parcialmente la razón a las promotoras. La compensación por este concepto deberá calcularse ahora en la fase de ejecución de la sentencia.
