El próximo 11 de enero, en principio coincidiendo con el inicio del juicio del caso Nóos, está señalada, también en la Audiencia, la vista oral contra Maria Antònia Munar y otros 17 exdirigentes y cargos de UM y funcionarios por organizar, durante años y con fondos públicos, la llamada "oficina de contratación" del partido, un sistema para pagar el sueldo con dinero del Consell a casi 30 liberados. El juicio podría aplazarse porque varios abogados son también defensores en Nóos.
La pieza 13 del caso Voltor, en la que están acusados 18 exdirigentes y militantes de UM para los que se piden casi 100 años de cárcel, tiene sus particulares papeles de Bárcenas: un cuaderno manuscrito aportado por Eugenia Cañellas, antigua secretaria de Miquel Nadal en el Consell de Mallorca y arrepentida. Junto a esas notas, la fiscalía dispone de decenas de correos electrónicos y otros documentos donde se recogen las distintas contrataciones ficticias.
La pieza 13, en la que los principales acusados son los expresidents de UM Maria Antònia Munar, Miquel Nadal y Miquel Àngel Flaquer y el exconseller Francesc Buils, versa sobre un presunto entramado para pagar el sueldo a 29 liberados y militantes del partido que simularon trabajar para el consorcio informático público insular CILMA. En realidad los colocados a dedo se dedicaron a captar votantes y montar actos para UM y servir de asistentes a las altas jerarquías del partido.
Asociación ilícita
La fiscalía acusa a los 18 imputados de los delitos de asociación ilícita, malversación de caudales, prevaricación y tráfico de influencias.
Según los fiscales Juan Carrau y Miguel Ángel Subirán, la cúpula de UM (Munar, Nadal, Flaquer y Buils) idearon un plan para desviar fondos del Consell y destinarlos a gastos del partido, como el pago a los trabajadores.
Así, como primer paso, "crearon una estructura jerarquizada y perfectamente organizada" y orientada a malversar los caudales públicos. Munar, que negocia con la fiscalía un pacto para limitar sus años de condena, "ocupaba la posición de líder o jefe-director de la estructura jerarquizada y establecía las líneas maestras del funcionamiento de dicho grupo delictivo, impartiendo las correspondientes instrucciones a sus subordinados, dado que era presidenta del Consell de Mallorca y de UM", según anticorrupción.
La fiscalía pide, en consecuencia, la pena más elevada para Maria Antònia Munar: 8 años de privación de libertad y multa de 27.000 euros. Para Buils, Flaquer y Nadal, se solicitan 7 años y medio de privación de libertad para cada uno y multas de 27.000 euros.
Entre 6 años y 2,5 años
La fiscalía solicita para los otros 14 acusados penas que oscilan entre los 6 años y 2 años y medio de cárcel, según la función que desempeñaron en la presunta trama. Entre los acusados se hallan los exdirigentes de UM Catalina Julve; Mateo Cañellas y Josep Lliteres, que niegan los cargos y se declaran absolutamente inocentes. Mateu Cañellas acusa a Eugenia Cañellas y Miquel Nadal de incriminarle por viejas diferencias políticas.
Eugenia Cañellas fue secretaria general técnica de vicepresidencia del Consell entre 2006 y 2007, con Miquel Nadal como vicepresidente. Cañellas se dedicó esos meses de precampaña y campaña electoral a contratar a unos 50 enchufados de UM en CILMA, en Video U y en Minser. El exgerente del consorcio local de informática de Mallorca (CILMA), Eugenio Losada, es otro de los acusados.
Losada decidió colaborar con los investigadores y entregó a la Policía unos cuadros de la plantilla de su departamento donde figuraban los trabajadores ficticios.
