¿Quién y por qué pagó parte de los gastos del mitin central de campaña del PP de Balears con Mariano Rajoy como orador estrella en mayo del 2007? Son dos preguntas que quedarán sin respuesta tras decidir la fiscalía anticorrupción no acusar al extesorero de ese partido Fernando Areal por ese hecho. Areal, que en esa misma causa ha admitido un delito electoral, se ha librado de ser juzgado por otros dos delitos de malversación de caudales y dos más de falsedades.
El juez Castro dio por finalizada la instrucción de la pieza separada 4 del caso Palma Arena el 5 de diciembre del 2013, mismo día en que un jurado condenó a Matas por cohecho impropio.
Castro expuso en un auto los indicios que pesaban contra Fernando Areal por pagar casi 72.000 euros con dinero negro pagar casi 72.000 euros con dinero negroa la agencia de publicidad Nimbus, que hizo las campañas electorales de su partido en 2003 y 2007.
Pero el juez vio más supuestos delitos en este caso: el PP se ahorró varios miles de euros en gastos electorales que sufragaron Illesport, el organismo público que construyó el velódromo Palma Arena, y la conselleria de Vicepresidencia del Govern. El acto tuvo lugar en el Palma Arena el 18 de mayo del 2007 y estuvo encabezado por Mariano Rajoy y Jaume Matas.
Según el juez, la Fundació per al Suport i la Promoció de l´Esport Balear-Illesport, pagó casi cinco mil euros por servicios de vigilantes jurados y limpieza para el mitin de los presidentes Rajoy y Matas.
Por otro lado, Nimbus cobró de la conselleria de Vicepresidencia del Govern otras facturas por conceptos supuestamente falsos y relacionados con el velódromo. Este dinero público, supuestamente, también habría servido para sufragar gastos electorales del PP. El partido alquiló el velódromo para ese acto electoral a Illesport.
Castro mantuvo que los supuestos pagos en negro de gastos electorales del PP, y los desvíos de fondos del Govern hacia dicho partido, eran algo "inimaginable sin el concierto habido entre Fernando Areal y Miguel Romero".
En la pieza separada 4 no estaba personada Manos Limpias, ni el Govern como acusación particular. Únicamente ejercía la acusación la fiscalía anticorrupción.
El ministerio público decidió, tras estudiar el caso, no llevar a juicio a Miguel Romero, que ya fue juzgado y absuelto en otra pieza separada (la de Antonio Alemany), y acusar únicamente a Fernando Areal de un delito electoral por abonar con dinero negro gastos de campaña del PP insular.
Anticorrupción solicitó 3 años de prisión y multa de 15.000 euros para Areal. El juez Castro, en vista de que no había acusación por los desvíos de fondos, archivó esos delitos. También sobreseyó la causa para Romero.
Fernando Areal se declaró, hasta pocos días antes del juicio, completamente inocente.
El pasado día 8 confesó el delito electoral y aceptó una pena de año y medio de prisión.
