El Sindicato Médico de Baleares, Simebal, ha expresado su disconformidad con la reapertura de los centros de salud hasta las 20.00 horas, ya que consideran que con los actuales medios "no se puede garantizar la calidad asistencial".

Según explica en una nota de prensa, el incremento de apertura de los centros de salud de 17.00 a las 20.00 horas supondrá que cada profesional deba realizar al menos una tarde a la semana y el 80% de los coordinadores y directores de la zona básica de salud ha mostrado su oposición a esta ampliación horaria.

Esta disconformidad ha sido reconocida de forma explícita por el Gerente de Atención Primaria de Mallorca, Miguel Caldentey, destaca. "Esta medida, adoptada en función de intereses espurios, no asistenciales, puede perjudicar la asistencia en lugar de mejorarla", señala el sindicato, que detalla que por las mañanas puede haber "disfunciones" y por la tarde "déficits" de asistencia.

Explica que "sin aumentar sensiblemente las plantillas y dotar de más sustitutos, es decir, sin aumentar notablemente el presupuesto, la asistencia que puede prestarse es precaria, puesto que la cita previa se verá constantemente interrumpida para visitas de supuesta urgencia o urgencia real".

Para los médicos, la asistencia de urgencia está debidamente garantizada en la actualidad, por lo que la ampliación horaria no comportará beneficio alguno a la población, aumentará el gasto de forma inútil y de forma contradictoria con la política de austeridad actual.

Además, considera que perjudicará el derecho de los trabajadores a la conciliación de la vida laboral y familiar, e interferirá en la función docente de los profesionales y residentes.

Para Simebal, "la ampliación horaria de los centros comportará un aumento del gasto, en unos momentos en que prima el ahorro, sin que ello mejore lo más mínimo la asistencia prestada al usuario, ni otra contrapartida, salvo un notable perjuicio para todos los empleados públicos de los centros, cuya oposición a la medida es masiva".

Considera que esta decisión está impuesta por el Govern, que ha prescindido de la opinión de todos los profesionales afectados, coordinadores, médicos, enfermería, auxiliares y administrativos, que se oponen a la medida.