La ley del suelo balear que impulsó el exconseller Biel Company ha permitido que en lo que llevamos del presente año se haya iniciado la legalización de unas 800 construcciones irregulares en suelo rústico mallorquín, una cifra que se acerca a las 1.300 en el conjunto del archipiélago, según los datos facilitados ayer por el Colegio Oficial de Arquitectos de Balears.
En concreto, en esos casi diez primeros meses de 2015 la cifra de expedientes de legalización de viviendas y edificaciones agrarias se sitúa en Mallorca en los 828, aunque desde citado organismo se apunta que alrededor del 90% vienen motivados por la denominada Ley Company y el 10% restante corresponden al procedimiento normal de regularización. En el conjunto de Balears, esa cifra de expedientes se sitúa este año en 1.368, con un presupuesto de los proyectos de casi 170 millones de euros.
Como se recordará, la citada normativa autonómica aprobada durante la pasada legislatura permite legalizar aquellas edificaciones irregulares en suelo rústico que ya hubieran prescrito, abonando durante el primer año de vigencia de la ley un 15% de su valor, un 20% durante el segundo año y un 25% durante el tercero.
Eso ha dado pie a que se multiplique el número de legalizaciones de edificaciones irregulares en rústico. Durante todo 2014, éstas ascendieron a 270 en Mallorca y a 485 en el conjunto de Balears, lo que supone que este año está cifra se ha multiplicado por tres, a falta de algo más de dos meses para concluirlo.
Si se hace balance de los expedientes de legalización que se han tramitado en Mallorca desde que se puede aplicar la disposición transitoria décima de la citada ley (a finales del pasado año) que hace referencia a esa amnistía urbanística, Pollença aparece claramente en cabeza como el municipio en el que más irregularidades se han legalizado, con 104 expedientes, una cifra a que no se acerca ninguna otra zona. Como ejemplo basta señalar que el segundo lugar corresponde a Llucmajor, con 72 expedientes, y el tercero a Manacor, con 59, al que sigue de cerca Santanyí, con 53. En cualquier caso, hay que subrayar que Eivissa es la isla en la que este proceso ha adquirido una mayor intensidad, con los 155 expedientes de legalización de Santa Eulària des Riu y los 153 de Sant Josep de sa Talaia.
Volviendo a Mallorca, también son significativos los datos de Felanitx, con 41 legalizaciones; las 36 de Campos; las 32 de Palma; las 25 de Sóller; las 24 de Bunyola; las 23 de Alaró; o las 22 de Algaida y Santa Maria del Camí, por citar las zonas con mayor volumen de expedientes tramitados por los arquitectos.
De este modo, si se incluyen los últimos meses del pasado año, desde que se puede aplicar la anteriormente mencionada disposición transitoria décima, el número total de expedientes de legalización de construcciones en suelo rústico balear se sitúa en 1.479.
Viviendas visadas
El informe del Colegio de Arquitectos de las islas incorpora también los datos referidos al número de viviendas visadas (proyectadas) durante los primeros nueve meses de este año, aunque se reconoce que estas cifras se ven directamente afectadas por las legalizaciones de viviendas irregulares en suelo rústico.
Así, durante los nueve primeros meses de este año se contabiliza en el conjunto de las islas la cifra de 1.479 viviendas visadas, lo que supone duplicar la que se dio el año pasado durante ese mismo periodo, de 710. Sin embargo, la decana del Colegio de Arquitectos, Marta Vall-Llossera, advierte de que cerca de 700 visados de este año son en realidad legalizaciones y no proyectos para nueva construcción, lo que significa que el número real de inmuebles a edificar proyectados este año solo supera la cifra de 2014 en torno al centenar de unidades residenciales.
De estas 1.479 viviendas visadas entre enero y septiembre en el conjunto de Balears, 1.002 corresponden a Mallorca, 149 a Menorca y 328 a Eivissa y Formentera, aunque de nuevo hay que recordar que poco más de la mitad son las que implicarían realmente proyectos de nueva edificación. Además, se pone de relieve que esa cifra global apenas supone un 15% de los visados que se registraban anualmente antes de que se iniciara la crisis, lo que refleja la situación de enorme debilidad en la que todavía se encuentra el sector de la promoción inmobiliaria.
Respecto a los proyectos de obras visados durante esos nueve primeros meses del año, se cifran en 4.099 en el conjunto del archipiélago, con un crecimiento del 55% en relación al mismo periodo de 2014.
Si se aborda el presupuesto de los expedientes visados en el archipiélago, su valor alcanza en esos nueve primeros meses los 694 millones de euros, un 77,8% más que en el ejercicio anterior, según los datos de los arquitectos.
