Seis asociaciones profesionales de jueces y fiscales se pronunciaron ayer a escala nacional en contra de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que, a partir del 6 de diciembre, limitará a seis meses la instrucción de delitos sencillos y a dieciocho, prorrogables otros tantos, las de las causas complejas. Juristas y fiscales auguran que la limitación de las pesquisas generará la impunidad de delincuentes.
El Gobierno del PP ha impulsado este cambio para buscar una agilización de la Justicia y poner fin a la ausencia de plazos para investigar los casos penales. La reforma fue publicada en el BOE el 6 de octubre y entrará en vigor dos meses después.
La nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal establece como tiempo máximo de investigación de un caso sencillo medio año, desde el auto de incoación del sumario o de las diligencias previas. Para ser un caso complejo caben nueve supuestos: grupos u organizaciones criminales; numerosos hechos punibles; gran cantidad de investigados o víctimas; necesidad de pruebas periciales o auxilio de expertos para analizar una abundante documentación o temas complicados; actuaciones en el extranjero; revisión de la gestión de empresas privadas o entidades públicas; o casos de terrorismo.
Corresponde al juez de instrucción definir el caso como complejo y también prorrogar las pesquisas hasta 18 meses más, pero siempre que se lo pida el fiscal. Las defensas no podrán solicitar esa ampliación de la instrucción y el juez tampoco podrá decidirlo de manera unilateral.
Las asociaciones profesionales critican que la llave para ampliar los plazos esté en manos del fiscal, que puede estar en desacuerdo con las tesis del juez 0, "incluso", "desconocer el contenido o la existencia de esa investigación".
El caso de la Infanta
En medios jurídicos de Palma se recuerda que la instrucción de un caso complejo de corrupción como Nóos ha durado más de cuatro años y en él hubo serias discrepancias entre el fiscal Pedro Horrach y el juez José Castro a la hora de imputar a la infanta Cristina.Los fiscales se quejan, por otro lado, de que carecen de medios humanos y materiales para supervisar todas las causas penales en marcha y agilizarlas con objeto de culminarlas en los escasos meses señalados por la Ley.
Jueces para la Democracia; Jueces Francisco de Vitoria; Foro Judicial Independiente; Asociación Profesional de Fiscales; y Unión Progresista de Fiscales, son los firmantes del manifiesto pidiendo un aplazamiento de la entrada en vigor de la reforma, en tanto no se dote a la Justicia de los medios humanos y materiales necesarios. La Asociación Profesional de la Magistratura, mayoritaria en la carrera, se ha desmarcado de la protesta.
