"Es una mala medida que llega en un buen momento económico", afirmó ayer la presidenta ejecutiva de la Federación Hotelera de Mallorca, Inma de Benito, para referirse al impuesto sobre estancias turísticas cuyo borrador había sido presentado minutos antes por el Govern balear. Un tributo que además, por ese "momento dulce" que vive el sector, no va a suponer una pérdida de visitantes con carácter inmediato, aunque a medio plazo sí va a tener efectos negativos para la economía isleña al restar competitividad al archipiélago como destino turístico y frenar el esfuerzo inversor que se estaba haciendo para mejorar la calidad de la oferta hotelera, según opinó la representante empresarial.

Esta intervención queda muy lejos de las que se realizaron en 2002 ante la ecotasa del primer Govern de Francesc Antich o contra el impuesto sobre envases que quería aplicar el anterior Ejecutivo de José Ramón Bauzá, mucho más virulentas, y marca la línea que, con carácter general, mantuvieron ayer buena parte de los representantes empresarial isleños: oposición al nuevo tributo, pero por ahora de baja intensidad. Y ello sin contar con dos organizaciones que han respaldado la creación del citado impuesto, como fueron la de apartamentos turísticos (Aptur-Balears) y la federación de la pequeña y mediana empresa de Mallorca (Pimem).

Resulta llamativo que dos colectivos sobre los que se aplicará el citado tributos, como son los hoteleros y los propietarios de los apartamentos turísticos, mantengan posturas tan distanciadas. En el caso de los primeros, su rechazó al impuesto es evidente, aunque se haga una forma menos beligerante que en ocasiones anteriores. En los segundos, su apoyo es igualmente patente, aunque con condiciones.

En primer lugar, Inma de Benito no ocultó que su sector vive unos momentos de gran fortaleza, obtenida en parte por la política de inversiones, aunque advirtió de que esta procede también de recibir clientes "prestados" de otros destinos del Mediterráneo que atraviesan problemas de inestabilidad. Pero igualmente puso de relieve que el citado impuesto va a suponer, a medio plazo, reducir los márgenes de que los hoteleros disponen para invertir en la modernización de sus instalaciones y en la mejora de la calidad, además de restar fondos al cliente para gastar en otros sectores empresariales. En concreto, apuntó que va a suponer sacar ingresos del sector privado para trasladarlos al público.

Además, cuestionó que el borrador presentado ayer no haya sido consensuado con los sectores afectados. En cualquier caso, anunció que este documento será analizado y expresó la predisposición de su patronal para negociar con el nuevo Govern el diseño definitivo de este tributo y el conjunto de la política turística que se quiere aplicar durante esta legislatura. Como ejemplo, lamentó que mientras que sí se contemplan exenciones para los menores de 14 años, no aparezcan previstas para el turismo social de la tercera edad.

En el lado opuesto, tanto el presidente como la gerente de Aptur-Balears, Juan Estarellas e Irene Perelló respectivamente, defendieron la creación del impuesto, por considerar que su importe económico es "simbólico", y que puede ayudar a mejorar la calidad de Balears como destino turístico y atraer a un visitante de mayor poder adquisitivo.

Sin embargo, hay matices. Según Estarellas, las bondades del nuevo tributo van a depender del destino que se dé a los fondos recaudados, y en este sentido defendió actuaciones como la rehabilitación de zonas turísticas, especialmente las de interior y no solo las de costa. Además, reclamó que se pueda aplicar un sistema de pago 'por módulos', que suponga el abono de una cantidad fija al año y que facilite su gestión por parte de los propietarios de los apartamentos.

El presidente de la Confederación de Patronales Turísticas de Balears, Antonio González, se posicionó junto a los hoteleros al considerar que el impuesto sobre las estancias solo va a tener efectos negativos, aunque reconoció que en el seno de su organización, que agrupa a asociaciones empresariales de la denominada oferta complementaria o especializada, no existe unanimidad a la hora de estimar el impacto que el nuevo tributo va a tener. Pero en su opinión, éste va a ser claramente negativo al restar a los visitantes su capacidad de gasto en negocios como las atracciones turísticas, las salas de fiesta o la restauración. Además, consideró que este perjuicio se verá multiplicado en Balears por su fuerte dependencia del turismo. "En lugar de meter la mano en el bolsillo del visitante, lo que deberíamos hacer es buscar fórmulas para alargar la temporada", esgrimió.

El presidente de la asociación balear de agencias de viajes (Aviba), Antonio Abrines, también consideró perjudicial el futuro impuesto, pero admitió que el sector está "resignado" ante una aplicación que ve como inevitable, por lo que consideró que los esfuerzos empresariales se van a centrar en negociar su diseño con el Govern para limitar en lo posible los impactos negativos que se puedan generar.