Los abogados de la infanta Cristina cruzan los dedos para que la Audiencia de Palma se pronuncie sobre las cuestiones previas del caso Nóos, que, según ellos, librarán a su representada del banquillo de los acusados antes del comienzo de la vista oral. No obstante, nada obliga a la sección primera de la Audiencia a pronunciarse sobre la aplicación de la llamada doctrina Botín antes de celebrar el juicio o a dirimir esa cuestión en la sentencia.
La estrategia defensiva del equipo jurídico formado por Miquel Roca, Jesús María Silva y Jaume Riutord está muy clara: como primera ofensiva salvar a doña Cristina del banquillo en aplicación de la doctrina del Tribunal Supremo que limita las facultades de las acusaciones populares en ausencia de acusación de la fiscalía o Hacienda; como segundo frente, defender la plena inocencia de la hermana del rey Felipe VI.
Los abogados ya han intentado, sin éxito, que el análisis de la doctrina Botín se hiciera en las vistillas previas al juicio y dedicadas a fijar el calendario y ordenar las pruebas de las partes. El tribunal les dio una rotunda negativa.
La intención de Roca era que la exduquesa de Palma no se sentara ni un día en el nutrido banquillo del caso Nóos, pero no pudo ser.
Otros tres acusados
El salvavidas de la doctrina Botín se tendrá que plantear así en la fase inicial de la vista oral, prevista inicialmente para el próximo 11 de enero, aunque caben aplazamientos.
La Infanta está acusada de cooperadora necesaria de dos delitos fiscales únicamente por Manos Limpias, que ejerce la acusación popular en nombre de un desconocido sindicato de funcionarios. Ni la fiscalía anticorrupción ni la abogacía del Estado (en representación de Hacienda) piden condena para Cristina de Borbón, que en su día fue exculpada de cooperar con toda la presunta trama de desvío de fondos públicos dirigida por su marido, Iñaki Urdangarin.
Otros tres acusados también esperan ansiosos el pronunciamiento de la sala primera sobre la doctrina Botín, dado que solamente piden condena para ellos acusaciones populares.
La principal de ellos es Ana María Tejeiro, esposa del exnúmero dos de Nóos, Diego Torres, y antigua jefa de personal del entramado societario. Manos Limpias pide una elevada condena para Tejeiro, a la que el fiscalmente únicamente acusa de blanqueo de capitales. Si se aplica la doctrina que lleva el nombre del fallecido banquero, la mujer de Torres solamente sería juzgada por blanqueo y no por el rosario de delitos que le imputa Manos Limpias.
Este mismo sindicato acusa en solitario a Salvador Trinxet, un asesor fiscal catalán que trabajó para Iñaki Urdangarin y que se enfrenta a un cargo de blanqueo de capitales.
El último acusado que podría beneficiarse de una aplicación rápida de la doctrina Botín, es Alfonso Grau, exvicealcalde por el PP de Valencia y al que solamente incrimina la acusación popular en nombre de los exediles socialistas de esa ciudad.
No importa celebrar la vista
Pero la fase de cuestiones previas no se limitará a la legitimidad de las acusaciones populares para pedir la condena en solitario y sin el respaldo de la abogacía del Estado y de la fiscalía, habrá otros temas referentes a más acusados.
Los abogados de la Infanta alegan en su favor que para decidir sobre la doctrina Botín no es necesario celebrar toda la vista oral, puesto que es un debate sobre el alcance de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ajeno totalmente a los hechos.
Por eso motivo, añaden, la sección primera de la Audiencia debería no postponer a la sentencia sus decisiones sobre esa cuestión previa.
El juez José Castro, instructor del caso Nóos, y la sección segunda de la Audiencia, la sala que tuteló esa investigación en segunda instancia, se pronunciaron en su día a favor de que la hija del rey Juan Carlos fuera juzgada por blanqueo, aunque únicamente fuera acusada por Manos Limpias.
No obstante, esas tomas de postura no vinculan a la sección primera encargada de juzgar el caso. El tribunal estará presidido por Juan Pedro Yllanes: Samantha Romero; y Eleonor Moyà.
El equipo de letrados de la Infanta, pese a que confía en una rápida exculpación de su representada, está preparando la defensa contra la acusación de cooperación en delitos fiscales.
Según la defensa, doña Cristina no intervino en absoluto en las cuestiones contables y tributarias de Aizoon, la sociedad que comparte con su marido y con la que presuntamente se defraudó al Fisco.
Tampoco existen indicios, añaden los abogados, de que la infanta Cristina favoreciera la realización por su esposo de delitos fiscales. La acusada, por otra parte, "solo cuenta con unos conocimientos mínimos de fiscalidad" y se dedicaba a su trabajo y a sus hijos.
