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Tribunales

El fiscal pide cárcel para dos abogados por grabar la declaración de la Infanta

El ministerio público les acusa de un delito de desobediencia y quiere que cumplan dos años de prisión

Los abogados Jiménez y Carvajal serán juzgados por desobediencia.

La fiscalía de Palma pretende que se castigue con pena de cárcel a los dos abogados que presuntamente grabaron la imagen y el sonido de la declaración judicial que realizó la infanta Cristina, incumpliendo la orden que había dictado el juez Castro, prohibiendo que se tomaran imágenes del interrogatorio de la hermana del Rey. La fiscal Laura Pellón, que ha participado en la investigación del caso, quiere demostrar en el juicio que los autores de dicha grabación fueron los abogados María del Carmen Jiménez y Francisco Javier Carvajal, por lo que acusa a ambos de un delito de desobediencia. Quiere que el juez que dicte sentencia los condene a una pena de un año de prisión y que durante este tiempo también estén inhabilitados, es decir, que no puedan ejercer su profesión de letrados.

El escrito de acusación ha sido entregado al juzgado de instrucción número 11 de Palma y la conclusión de la fiscalía coincide con el criterio del juez Manuel Penalva, quien no tuvo ninguna duda de que los dos autores de la grabación clandestina fueron los dos citados letrados. Aunque no se ha podido confirmar con exactitud el método de grabación que se utilizó, se sospecha que se empleó una microcámara, posiblemente oculta en un reloj.

La fiscal basará su acusación en el trabajo que ha realizado la brigada de tecnología de la imagen de la Policía Judicial, que realizó una amplia investigación. El informe detalla el estudio de la sala y de las imágenes de la grabación de la Infanta que fueron expuestas en internet. Los investigadores llegaron a la conclusión de que la grabación se realizó en los primeros momentos de la declaración, como demuestra que en la imagen se cruzara la figura de un abogado, que entró en la sala a los pocos minutos del inicio de la sesión. La fiscal Laura Pellón quiere demostrar que la cámara se situaba a la altura de la tercera fila de bancos, que es precisamente donde se sentaron estos dos abogados, que ese día acudían por primera vez a una diligencia del caso Nóos y lo hacían en sustitución de otro compañero.

El juez Penalva llegó a la conclusión de que los dos abogados cumplieron un plan establecido. Al entrar en la sala, los dos se sentaron juntos. Pero al rato, Carvajal se levantó y se cambió de asiento. Se situó al fondo de la sala, mientras que la abogada siguió ocupando el mismo asiento.

Ninguno de los dos acusados ha reconocido su relación con la grabación. De hecho, Carvajal, que dirige un importante gabinete jurídico en Málaga, entregó un dictamen técnico firmado por un profesor de la universidad, que rechaza que la grabación se hiciera desde la posición donde estaban sentados los acusados y señala que se hizo desde los asientos donde estaban los funcionarios.

Por tanto, en el juicio tendrá una especial importancia la prueba pericial, ya que el juez tendrá que valorar dos informes técnicos que llegan a conclusiones completamente distintas.

Los autores de la grabación lograron burlar el estricto control policial que se estableció en la entrada del edificio judicial. La Policía obligó a todos los abogados que asistieron a la declaración que entregaran sus dispositivos electrónicos, pero no se localizó ningún elemento con el que se pudiera realizar una grabación. La imagen del vídeo, antes de ser difundida, se giró para dificultar identificar al autor de la grabación.

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