El Govern de la socialista Francina Armengol no ha necesitado esperar a sus primeros cien días para que estallaran sus principales debilidades: la inestabilidad que puede suponer para el Ejecutivo la dependencia de los votos de Podemos en el Parlament y los límites para adoptar las políticas prometidas a causa del mal estado de las arcas autonómicas. Eso no ha impedido que el Govern haya aprovechado el tiempo para aprobar e impulsar algunas de las medidas comprometidas en los acuerdos de gobernabilidad entre PSOE, Podemos y Més.
Primeras medidasDerogación del TIL y la Ley de Símbolos
El 3 de julio el TIL y la Ley de Símbolos, dos de las iniciativas más contestadas del Ejecutivo del popular José Ramón Bauzá, pasaron a ser historia. El primer Consell de Govern que presidía Armengol, un día después de su toma de posesión, acordaba desistir de los recursos que el gabinete del PP planteó ante el Supremo en defensa del TIL, anulado por tres sentencias de los tribunales de Balears. Junto a esta decisión, aprobó la derogación de la Ley de Símbolos, con la que el Ejecutivo de Bauzá prohibió la colocación de banderas que no fueran las oficiales de Balears en los edificios públicos, entre ellos los centros de educación.
Devolución de la sanidad gratuita a inmigrantes
No esperó tampoco mucho el Govern del Pacto para poner en marcha una de las medidas defendidas por PSOE, Podemos y Més: la devolución de la atención medida y prestación farmacéuticas gratuitas a los inmigrantes sin papeles en las mismas condiciones que tienen los españoles y los residentes regularizados. El 17 de julio, la consellera de Salud, Patricia Gómez, anunciaba la expedición de un documento a estos inmigrantes por el que recuperaban este derecho, que perdieron cuando el Govern de Bauzá cumplió estrictamente el decreto aprobado en 2012 por del Gobierno de Mariano Rajoy por el que se retiraba la tarjeta sanitaria a los inmigrantes sin papeles, lo que en Balears afectó a unas 20.000 personas.
Moratoria grandes superficies comerciales
El 24 de julio, el Govern aprobaba un decreto ley por el que se suspendía por seis meses la concesión de licencias comerciales a grandes superficies, con el objetivo de proteger el territorio y "evitar la inseguridad jurídica", después de que el Gobierno central decidiera recurrir la Ley de Comercio balear. Pocos días después, el decreto Ley sería ratificado por el Parlament.
Plan contra la explotación laboral
A principios de agosto la presidenta Francina Armengol y el conseller de Trabajo, Iago Negueruela, anunciaban la llegada a Balears de 32 inspectores de trabajo procedentes del resto de España y la puesta en marcha de un plan contra la explotación laboral en las islas. A partir del día 17 de agosto y durante seis semanas se llevarían a cabo más de 1.300 controles para luchar contra los fraudes, en especial en la contratación temporal y a tiempo parcial.
Conflictos en el PactoNombramientos de cargos
Mientras adoptaba medidas en sus primeros días de gestión, el Govern completaba su organigrama con los nombramientos de altos cargos y asesores en las distintas conselleries. Ahí saltó las alarmas en Podemos, cuyo apoyo al Ejecutivo de Armengol estuvo lleno de reservas desde un principio. En el debate de investidura de Armengol en el Parlament, el líder de Podemos, Alberto Jarabo, ya dejó claro que el respaldo de su partido no era un "cheque en blanco", que actuaría con "lealtad" a los acuerdos de gobernabilidad y que si el nuevo Ejecutivo los incumplía no debía "descartar ningún escenario de oposición". Durante su toma de posesión del cargo, Armengol afirmaba que cumpliría: "Podemos, Més y PSOE hemos acordado unas nuevas políticas y nuevas formas que no vamos a traicionar". Para Podemos, la primera parte (las nuevas políticas) se está cumpliendo. No ocurre lo mismo con "las nuevas formas".
Los nombramientos de asesores fueron para el partido de los círculos la prueba de que, en especial el PSOE, no estaba tan dispuesto a abandonar lo que en Podemos denominan "vieja política". La designación por parte de la consellera de Salud, Patricia Gómez, de su pareja, Juli Fuster, al frente del Ibsalut, recibió las críticas de Podemos, de las que tampoco se libró Més al colocar al exconseller de Agricultura, Mateu Morro, como asesor del nuevo titular de este departamento. A ellos les seguirían otros nombramiento contestados por Podemos, como el de Juan Gual de Torrella como presidente de la Autoridad Portuaria, sin que sus quejas fueran atendidas por PSOE y Més.
Sin embargo, la contratación como asesor de la conselleria de Salud de Jordan Thomas Llamas, un joven de 20 años, sin estudios superiores ni experiencia para el cargo, pero afín al PSOE, acabó saltando las alarmas. El joven dimitió al publicarse en DIARIO de MALLORCA su caso. Tras él, quedaría en evidencia la contratación como asesor de la conselleria de Trabajo de Pau Thomàs, hijo del vicepresidente del Parlament, el socialista Vicenç Thomàs.
Al final, Podemos puso sus ojos en el nombramiento como gerente de la empresa pública Sitibsa de Francisco Fernández Terrés, sobre el que, según el partido de los círculos, existen sospechas de connivencias con constructores durante su etapa como responsable de Urbanismo del Ayuntamiento de Maó con gobiernos municipales del PSOE, partido al que pertenece. El Govern se niega a ceder a la exigencia de Podemos de que lo destituya y, tras unas escalada de tensiones, el 22 de septiembre Podemos votó con el PP instar al Govern a que destituya a Fuster en el Ibsalut y a Thomàs como asesor. El Ejecutivo de Armengol perdía su primera votación en el Parlament antes de cumplir sus primeros cien días. El Pacto no se romperá por este asunto, pero Podemos ha dejado claro que está dispuesto a mantener el pulso si así lo considera necesario.
IB3
IB3 es otro de los frentes abiertos en el Pacto sin que PSOE, Podemos y Més logren ponerse de acuerdo para la elección de un nuevo director general. Mientras continúa en el cargo Josep María Codony, el polémico director general del ente nombrado por el PP, a pesar de la exigencia del Pacto y de El PI de que dimita, como así le dejaron claro el pasado jueves en su comparecencia parlamentaria. La decisión de Codony de nombrar a espaldas del Govern director de la televisión a Antoni Bauzá, al que tuvo que destituir 24 horas después, obligó a reaccionar a PSOE, Podemos y Més, que han registrado una propuesta en el Parlament para modificar la Ley de IB3, de tal modo que puedan elegir al responsable del ente sin el consenso del PP, algo que confían en hacer en el plazo de un mes.
Situación económicaAgujero presupuestario
A mediados de agosto, la consellera de Hacienda, Catalina Cladera, cifraba en 342 millones de euros el agujero presupuestario de la Comunidad Autónoma y anunciaba que no cumpliría con el objetivo de déficit del 0,7% . El Govern calcula que cerrará el año con un déficit del 1,5% y anuncia una subida de impuestos a las rentas altas para el próximo año, con el fin de hacer frente a la situación.
Reunión con Rajoy
Armengol se reunió con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el 2 de septiembre y le arrancó el compromiso de negociar un nuevo REB, pero no logró que flexibilice el objetivo de déficit.
Conflictos con sectoresEcotasa
A mediados de julio el vicepresidente y conseller de Turismo, Biel Barceló, se reunía con la Federación Hotelera de Mallorca y lograba suavizar las posturas. Dejó en el aire si aplicaría la ecotasa en 2016 o atendería la petición de los hoteleros de retrasarla a 2017. En septiembre Barceló despejaba cualquier duda en el Parlament y afirmaba que se aplicaría el próximo año. Además, el Govern daba por hecho que se cobrará en los establecimientos hoteleros y que también deberán abonarla los residentes de las islas. Los hoteleros ya han dejado clara su oposición afirmando que perjudicará gravemente a la economía balear.
Carrera profesional de los médicos
El 25 de septiembre el Govern decidió suspender hasta 2017 los acuerdos alcanzados por los sindicatos con el Ejecutivo del PP para el pago desde del complemento salarial conocido como carrera profesional, argumentando la falta de fondos en las arcas autonómicas. Esta decisión unilateral puede provocar un largo conflicto laboral. Por el momento, el Govern cumplirá sus primeros cien días con los trabajadores del Ibsalut concentrados frente al Consolat de Mar el próximo jueves.
