Catalina Julve, la exconsellera insular de UM, ha sido condenada a dos años de prisión y a trece de inhabilitación al ser declarada culpable de los delitos de fraude a la administración y prevaricación. Sin embargo, la Audiencia la absuelve del delito de malversación de fondos públicos. Además, se considera que no tuvo ningún beneficio económico personal, pese a que se la condena por haber autorizado la tramitación de un expediente amañado para la compra de un lote de sillas, que se repartieron por los ayuntamientos. Una operación que benefició a Simón Galmés, un exmilitante de ALM (partido integrado después en UM), que era amigo personal de Miquel Riera, el conseller que falleció de forma repentina y a quien Julve sustituyó en el cargo. Galmés también ha sido sancionado por los delitos de cooperación en la prevaricación y autor de un delito de fraude a la administración, por los que se le impone seis meses de prisión, mientras que es absuelto de malversación. También se sanciona al empresario Miguel Rullán, militante de UM, quien se benefició de otro contrato amañado para comprarle sillas. Ha sido sancionado con nueve meses de prisión. La exsecretaria general de Medio Ambiente, Coloma Castañer, que confesó los hechos, ha sido condenada a seis meses de prisión, si bien la sanción se sustituye por multa. El tribunal absuelve de todas las acusaciones al empresario César García Rullán, quien también fue juzgado. El fiscal retiró los cargos contra él.

El tribunal ha impuesto a Julve una condena mucho menor a la que solicitaba la fiscalía Anticorrupción, que pretendía que cumpliera siete años de cárcel. Los jueces entienden que la exconsellera también participó, autorizando la operación, en la compra por parte del Consell de Mallorca, de un lote de 2.150 sillas tras amañarse el expediente de contratación. Estos muebles se compraron a una sociedad de Simón Galmés, a quien Julve conocía por ser ambos militantes del mismo partido de Manacor. Julve se limitó a seguir las indicaciones que había marcado su antecesor, Miquel Riera, que según señala la sentencia, ya manipuló otro contrato público, para comprarle al empresario Miguel Rullán otro lote de sillas para repartirlas por los pueblos. En ambos expedientes se utilizó el mismo sistema de amaño: se presentaron tres propuestas económicas de las mismas empresas, pero con el objetivo de que ganara la que habían elegido los políticos. Fue Coloma Castañer quien realizó toda la tramitación administrativa de estos expedientes, que después fueron autorizados por los consellers a través de su firma.

También se acusó a Julve de haber autorizado que Simón Galmés fuera contratado, a razón de un sueldo al mes de 9.000 euros, para que se encargara del control de las dos empresas que realizaban la recogida selectiva de residuos en Mallorca, uno de los principales contratos que gestionaba el departamento de Medio Ambiente del Consell de Mallorca. La fiscalía sostenía que Galmés cobraba este elevado sueldo, pero no realizaba el trabajo, y mantenía que este dinero, en realidad, se abonaba con fondos públicos, dado que se añadía a la factura que estas empresas cobraban del Consell de Mallorca. Sin embargo, el tribunal interpreta los hechos de diferente manera. Considera que no fue Julve quien decidió la contratación de Galmés, sino que había sido su antecesor, Miquel Riera. Y además entienden los jueces que el dinero que recibía el empresario de Manacor no se puede considerar fondos públicos, sino privados, ya que las empresas en realidad no incluían estos pagos en las facturas que cobraban de la administración insular.