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Plus salarial

Los perjudicados por la supresión del 'Nivel 33' recurrirán a los tribunales

Ex altos cargos del PP y PSOE afectados han empezado a movilizarse para demandar al Govern

De izquierda a derecha y de arriba a abajo: Núria Riera, exconsellera; Carlos Simarro, exalcalde de Sóller; Antònia Perelló, exdir. Abogacía; Antoni Mesquida, ex director general; Bernardí Coll, exconseller insular; y Antoni Verger, exconcejal.

Ex altos cargos de distinto color político se preparan para demandar al nuevo Govern cuando éste suprima el 'Nivel 33', un plus que oscila entre 400 y 800 euros de media más al mes para funcionarios que en su día ocuparon determinados puestos políticos.

Fuentes socialistas y del PP han confirmado la intención de ex altos cargos que militan en sus filas de acudir a los tribunales para impedir que se les retire este complemento salarial, una medida que el Govern confía en materializar el año entrante.

El malestar de los perjudicados con el PSOE, Podemos y Més en las conselleries, empresas públicas y demás departamentos de la Administración es creciente, al haber acordado finalmente el tripartito que la medida tenga carácter retroactivo y en consecuencia afecte a todos los perceptores. Solo en la administración autonómica el número de beneficiarios del 'Nivel 33' asciende a 172, si bien es pronto aún para conocer cuántos de ellos acudirán a los tribunales.

De momento se desconoce si la supresión del polémico complemento salarial también se extenderá a los ex altos cargos que se reincorporaron al servicio activo como funcionarios en los Consells, los Ayuntamientos, la Universidad, el Parlamento y demás instituciones que a día de hoy también lo abonan de sus presupuestos. En este caso el número de afectados subiría hasta los 300 en toda Balears, según cálculos sindicales.

Hace unas semanas la consellera Cati Cladera firmó la concesión del 'Nivel 33' a 19 ex altos cargos del Govern Bauzá, entre ellos la exconsellera de Educación, Núria Riera, el exvicepresidente Antonio Gómez, el ex director general de Función Pública, Antoni Mesquida, o la ex directora de la Abogacía de la Comunidad, Antònia Perelló.

Críticas a la falta de negociación

Este colectivo entiende que no se les puede privar de un derecho reconocido en muchos casos desde hace años, e incluso décadas, y además critican la ausencia total de diálogo por parte del nuevo Ejecutivo a la hora de abordar este debate. No ha trascendido si los afectados que militan o simpatizan con Més y Podemos también emprenderán acciones legales. Está por definir también la postura de los ex altos cargos de la extinta Unió Mallorquina que cobran el plus.

Por el momento solo está habiendo contactos informales entre los ex altos cargos que trabajan en las conselleries tanteando nombres de abogados para analizar las posibilidades de que prospere un contencioso-administrativo.

En Castilla-La Mancha, la expresidenta del gobierno María Dolores de Cospedal dejó de abonar este sobresueldo a su llegada al poder en 2011, y más de 70 ex altos cargos del PSOE acudieron a los tribunales. Las sentencias hasta ahora han refrendado la decisión de la también secretaria general del PP.

"La izquierda lo vende como un privilegio cuando tiene a muchos afiliados suyos que tienen consolidado y cobran este complemento desde hace años", critica la decisión del Pacto una fuente del PP. "El 'Nivel 33' nació para compensar la imposibilidad de promocionar en la escala administrativa de aquellos que estaban en política activa. Es totalmente injusto que se lo quiten a las personas que ya lo tienen reconocido; si quieren suprimirlo, que lo hagan para todos los altos cargos de esta legislatura a los que se les va a generar el derecho, sin tocar al resto", remacha.

"Lo han hecho muy mal, sin sentarse a hablar con los afectados, solo les importa quedar bien ante la galería sin mirar si pisotean los derechos de las personas", protesta otro informador, en este caso socialista. Coincide con la fuente del PP en que la retirada del llamado plus político tendrá fuertes repercusiones económicas en las familias de estos ex altos cargos, ya que de un día para otro el Govern rebajará considerablemente muchas nóminas de las que dependen hipotecas y otros desembolsos.

Entre los afectados existe también preocupación por si la eliminación del complemento tendrá impacto sobre el cálculo de las pensiones que vayan a cobrar los funcionarios cuando se jubilen. En este punto, desde el PP apuntan que las pensiones no se verán mermadas, pero otras voces consultadas lo desmienten.

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