El conseller balear de Territorio, Energía y Movilidad, Joan Boned, anunció ayer que se plantean penalizar fiscalmente a los propietarios que tengan pisos vacíos ocho meses y solo arrienden en verano o bonificar a los que alquilen durante todo el año a través de la nueva ley de la vivienda. Según explicó Boned, en Eivissa el problema no es que haya muchos pisos vacíos en manos de entidades financieras, sino que muchos de los inmuebles están "cerrados ocho o nueve meses al año". "Esto no es permisible, porque solo se ponen a disposición de los que quieren alquilar durante dos o tres meses y esto provoca que no haya oferta para atender la demanda", detalló el conseller.
"Nos planteamos dar incentivos fiscales por un lado y gravar o penalizar a los propietarios, veremos cuál de las dos es la mejor fórmula o quizás también se pueden combinar ambas", aclaró Boned, que reconoció que actualmente no saben cuántas viviendas vacías hay, unos datos que quieren trabajar a través de la mesa de la vivienda, un órgano que quieren recuperar para que todas las entidades relacionadas con el tema puedan aportar información. Antes de finales de año quieren presentar el anteproyecto de esta nueva ley, ya que la problemática de la vivienda "es muy cambiante y no tiene nada que ver con la que había hace cinco o seis años".
El conseller también avanzó que en octubre anunciarán un acuerdo con una entidad financiera que permitirá al Instituo Balear de la Vivienda (Ibavi) hacerse con un stock de entre 70 y 100 viviendas en todas las islas para destinar a alquiler social. Por ahora no se sabe cuántas de ellas corresponderán a cada isla, algo que se conocerá el día que se firme el acuerdo.
Boned indicó que quieren seguir negociando con otras entidades para ampliar este parque de viviendas, al que se unirá el del propio Ibavi. Los alquileres se establecerán "a partir de precios mínimos y máximos de alquiler" y no en base a un "precio fijo", siempre en función de "la capacidad de ingresos de las familias que puedan optar". El objetivo es que las unidades familiares no se vean obligadas a invertir más del 30 por ciento de sus ingresos en vivienda. De esta forma, se podrán poner a disposición alquileres por 150 euros si se trata de casos de "emergencia" o "ingresos muy bajos" u otros que oscilarán entre los 400 y los 450 euros. "Se hará por tramos para no olvidar a nadie", matizó Boned.
