Francisco Fernández Terrés, gerente de la empresa pública Sitibsa, cuya destitución exige Podemos, compareció ayer en el Parlament para dar explicaciones sobre su "idoneidad" para el cargo, sin aportar más datos de los ya sabidos, negar las acusaciones de sospechas de connivencias con constructores y enfrentarse directamente al partido de los círculos, al que acusó de practicar con él una "caza de brujas" inquisitorial y le retó a denunciarle a los tribunales. "Si de verdad creen lo que dicen, denúncienlo, pero de lo contrario dejen de difamarme, se lo pido por favor", dijo Fernández Terrés a Podemos.

Sus explicaciones no cambiaron ninguna de las posturas previas, con Podemos manteniendo su exigencia de que debe ser destituido y recordando que este asunto daña la confianza en el seno del Pacto. A la salida de la comisión, la diputada Montserrat Seijas, de Podemos, dejó claro que su partido mantendrá las iniciativas para exigir parlamentariamente la destitución de Fernández Terres, con una interpelación al Govern el próximo martes en el pleno y una moción una semana después.

Junto a ello, insistió en que es "una posibilidad" y "no se descarta" que Podemos rompa el Pacto ante la actitud del Govern de mantener al gerente de Sitibsa, aunque la portavoz del partido de los círculos, Laura Camargo, dejó claro que este asunto por si sólo no provocaría la ruptura. "Sí lo haría si hubiera una acumulación de casos parecidos, pero nuestra batalla son los presupuestos de la Comunidad, ya que eso es lo fundamental", dijo Camargo en referencia a que en los presupuestos se verá el alcance del cumplimiento en 2016 de los acuerdos de gobernabilidad ente PSOE, Podemos y Més.

El PP no aclaró si apoyará la moción de Podemos instando al Govern a destituir al Fernández Terrés. En la comisión, el popular Juan Manuel Lafuente abrió el fuego planteando a Fernández Terrés los casos en los que apareció involucrado como responsable de Urbanismo del Ayuntamiento de Maó con gobiernos municipales socialistas. Así, se refirió al caso Estribor, por el que una empresa en la que tenía participación Borja Carreras, exalcalde socialista, se hizo con un solar que se recalificó después de que su propietario lo cediera con la condición de que se destinara a espacio de recreo. A este asunto, se sumó el caso Vila Rubí, en el que se encontró a este arquitecto municipal proyectos que luego recibían el visto bueno del ayuntamiento. En cuanto al caso Antón Pacheco, se trataba de una querella por haberse saltado el orden del bolsín de arquitectos interinos del Ayuntamiento.

Fernández Terrés rechazó haber cometido ninguna irregularidad y sostuvo que su currículo le avala como idóneo para estar al frente de Sitibsa. Montserrat Seijas opinó lo contrario y, tras resaltar que Fernández Terrés no había aclarado ninguna de las dudas suscitadas, afirmó que "la competencia (para ocupar un cargo) no es consuelo ante la corrupción". En este sentido insistió en los vínculos con constructores de Fernández Terrés, quien admitió haber trabajado, una vez abandonado el Ayuntamiento, para la empresa de un constructor cuyo nombre no dijo.

Mientras la portavoz socialista Pilar Costa dio el asunto de Fernández Terrés por "zanjado", Jaume Font, de El Pi, calificó de "circo" la actitud de Podemos, al que le instó a entrar en el Govern o "poner una moción de censura". Estas palabras fueron recogidas por la portavoz popular, Marga Prohens, quien consideró "inaudito" que con solo cien días del Govern del Pacto ya se hable en el Parlament de moción de censura.