El Govern suprimirá el pago del 'Nivel 33' a un total de 172 funcionarios de la Comunidad que cobran este plus por haber sido en el pasado altos cargos políticos, un complemento salarial que dejarán de cobrar a partir del próximo año, según explicó ayer la consellera de Hacienda, Catalina Cladera. Aunque el Ejecutivo balear había barajado la posibilidad de suspender el pago, al considerar que era inviable legalmente suprimirlo, la opción final ha sido la de incluir esta medida en la reforma de la Ley de la Función Pública, que está previsto que empezará a tramitarse en el Parlament en dos meses.
Hasta el próximo año, cuando entre en vigor la citada reforma, los exaltos cargos que cobran el llamado 'plus político' seguirán recibiéndolo, lo que supone en total un millón de euros anuales, según resaltó Cladera. La titular de Hacienda precisó que la medida sólo afectará a los que son funcionarios de la Comunidad Autónoma, ya que la Ley de la Función Pública que le dará cobertura legal no es de aplicación para los que se rigen por la normativa estatal.
No obstante, fuentes del Govern admitieron que sobre estos últimos casos aún se está estudiando si existiría alguna vía para suprimir esta prebenda a los que pueden acogerse al Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) estatal, como por ejemplo los exalcaldes, para que se les siga reconociendo el pago de un plus que puede suponer entre 400 y 800 euros más al mes para los exaltos cargos que se reincorporan a la administración tras la excedencia como funcionarios por servicios especiales.
De los 172 que dejarán de cobrar este complemento a partir del próximo año, 19 son exaltos cargos del Govern del popular José Ramón Bauzá, cuyo cobro está autorizado pero se está tramitando. La supresión afecta a políticos de todos los colores, desde los primeros ejecutivos autonómicos de Gabriel Cañellas, y formaba parte de los acuerdos de gobernabilidad entre PSOE, Més y Podemos.
Muchos de sus beneficiarios confiaban en que al final solo afectaría a los nuevos altos cargos y que no se aplicaría con efectos retroactivos, pero ayer la consellera de Hacienda dejó claro que dejarán de cobrarlo todos los expolíticos que regresaron a sus puestos como funcionarios de la administración autonómica.
Dietas parlamentarias
Por otro lado, el portavoz del Govern, Marc Pons, admitió que la presidenta Francina Armengol continúa cobrando las dietas que le corresponden como diputada por su asistencia a los plenos del Parlament y que abona la Cámara balear, una situación que se mantendrá hasta que los grupos parlamentarios alcancen un acuerdo sobre la remuneración de los diputados que no tienen dedicación exclusiva. Lo que no cobra Armengol ni el resto de consellers son las dietas que recibían del propio Govern por asistir al Parlament.
"Ningún miembro del Ejecutivo cobra dietas del Govern por asistencia al Parlament, cosa que había pasado siempre", precisó Pons quien recordó que la presidenta de la Cámara, Xelo Huertas, ha instado a los grupos a presentar en un mes sus propuestas para modificar el sistema de retribuciones. Los partidos del Pacto defienden que sólo cobren un sueldo fijo los diputados que se dedican en exclusiva a la labor parlamentaria y que el resto pase a cobrar dietas por asistencia, suprimiendo la llamada dedicación plena que permite cobrar un sueldo fijo y a la vez mantener un trabajo al margen del Parlament. Además, defienden que los que ocupan cargos en otras instituciones, como los miembros del Govern, no cobren por asistir a la Cámara.
Abogacía de la Comunidad
Cladera y Pons efectuaron estas declaraciones tras la reunión del Consell de Govern en donde se aprobó, entre otras medidas la modificación de la relación de puestos de trabajo en la Abogacía de la Comunidad Autónoma, para adecuarla a una nueva organización de los servicios jurídicos que incluirá la creación de departamentos centrados en areas específicas, entre ellos uno dedicado a los casos de corrupción y lucha contra el fraude.
Según los datos que aportó el Govern, la Abogacía de la Comunidad Autónoma tiene abiertos 3.085 procedimientos judiciales, de los que 854 corresponden al Ibsalut.
