El Govern se dirigirá "formalmente" a las empresas promotoras de proyectos de prospecciones petrolíferas en aguas de Balears y el Golfo de León que se están tramitando para que "desistan" voluntariamente de llevarlos a cabo, según anunció ayer el portavoz del Ejecutivo, Marc Pons, al acabar la reunión del Consell de Govern. Además, instará de nuevo al Gobierno central para que deniegue las solicitudes de prospecciones que están en curso y "suspenda cualquier tipo de actuación encaminada a hacer prospecciones petrolíferas susceptibles de afectar a Balears", una petición que trasladará también a la Unión Europea.
El ejecutivo acordó ayer estas iniciativas después de "la ambigüedad" con la que contestó el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a la presidenta balear, Francina Armengol, en la reunión que celebraron recientemente durante la cual Armengol le pidió que denegara las solicitudes para realizar prospecciones. "Vimos cierta ambigüedad en la respuesta de Rajoy para tratarse de un tema tan relevante", dijo Pons quien precisó que la petición al Gobierno central se basa en "los propios informes técnicos negativos" de los ministerios de Industria, Energía y Turismo y de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Además de manifestar el "rechazo" del Govern a los proyectos para buscar hidrocarburos "por el impacto ambiental y económico irreversible que causarían al medio ambiente y a la sociedad" de Balears, el acuerdo del Govern incluye la firma de n convenio de colaboración con la asociación Aliança Mar Blava, plataforma social contraria a las prospecciones.
En este sentido, Pons incidió en la intención del Govern de hacer "un frente común entre las distintas instituciones y la sociedad civil" de las islas para dejar claro ante el Gobierno central y la UE el rechazo unánime de Balears a estos proyectos y presionar para que se cierren los expedientes de las solicitudes que aún están sobre la mesa.
Por otro lado, el Govern acordó autorizar el pago de 30 millones de euros a EMAYA entre este año y 2017 para hacer frente a los costes de conservación, mantenimiento y explotación de las estaciones depuradoras de aguas residuales de Palma. Según explicó el portavoz del Govern, este pago responde a la nueva situación que se creó cuando el Consell de Mallorca aprobó definitivamente el pasado año la tarifa para el tratamiento de lodos de las depuradoras, que se ha de abonar con el canon de saneamiento que gestiona el Govern y que se invierte en el mantenimiento y obras en las depuradoras.
Por último, el Ejecutivo acordó encargar al Institut d'Estudis Autonómicos la elaboración de un texto normativo que sirva de base para elaborar la reforma de la Ley de Consells, con el fin de adaptarla a "las necesidades actuales".
