En los 25 minutos que dura la entrevista con los portavoces de Stop Desahucios en Palma suena dos veces el teléfono. En ambos casos se trata de personas que se ven cerca de la calle. Al borde del desahucio. La última llamada es de un matrimonio de jubilados que, tras treinta años en el mismo hogar, está a punto de perderlo. Un proceso complejo ligado a un concurso de acreedores en el que les deben dinero que les impide pagar la renta. Resultado: el banco les instó a que se fueran. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca reaccionó y habló con los directivos de la entidad, que normalmente son receptivos y que dijeron, en un primer momento, que no habría problema. "Y ahora les llega la carta anunciando el desahucio", lamenta Ángela Pons, que se pregunta si esa "es la obra social de la que presumen" en esta entidad de máxima relevancia
Aunque los reproches más duros quedan reservados para dos corporaciones financieras que comparten rasgo común: siguen adelante gracias al rescate en forma de miles de millones de euros públicos que recibieron en el año 2012. Una de esas entidades está en todos los fregados, desde las tarjetas black a las preferentes y unos cuantos líos más. En la otra se integra lo que queda de la caja insular tras el terremoto financiero.
"Los responsables de estos dos bancos actúan con una prepotencia insultante. El otro día un director de oficina de Son Cotoner nos echó del despacho, y le tuve que recordar que su despacho de director de sucursal ni siquiera es suyo, es de todos los ciudadanos que pagan el rescate público de las cajas", denuncia Angela Pons, una suerte de Ada Colau de Mallorca, cocinera en su horario de trabajo, activista incansable contra las ejecuciones hipotecarias cuando se lo permite su tiempo libre.
Una pelea pública
Aunque le gustaría no tener que hacerlo. "Las instituciones públicas son las que tendrían que estar luchando para proteger a los ciudadanos de los abusos", lamenta Pons antes de aplaudir los pasos logrados en Palma con el nuevo gobierno municipal, de PSOE, Podemos y Més, que ha iniciado el mandato creando una oficina antidesahucios. Allí, en teoría, los servicios públicos harán los que han estado haciendo en solitario hasta ahora asociaciones como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Que han logrado mucho. Casi todos los bancos han cedido pisos a un fondo de alquiler social que permite buscar cobijo a familias desahuciadas. También han logrado que el nuevo Govern balear trabaje para ampliar la oferta de pisos sociales del Ibavi (Instituto Balear de la Vivienda). Y su acción diaria, de negociación directa y machacona con los bancos, permite que haya entidades que hoy ni se plantean ejecutar un desahucio sin hablar con los afectados. Es el caso de Cajamar, ejemplifica Ángela Pons, que salva a esa entidad de un mapa financiero marcado, asegura basándose en su experiencia, por la insensibilidad ante un drama que convierte en refugiados sociales a decenas de miles de familias golpeadas por la crisis.
