El drama ha dejado de ser portada. Ya no se les ve día sí, día también, en el informativo televisivo de mediodía. Solo queda silencio donde el ruido era estruendoso. Quienes sufren continúan esposándose al portal, pataleando y congregando a vecinos solidarios el día en el que está previsto el desalojo, pero su impacto mediático es mínimo. Casi nulo. Ya no crujen los flashes cada mañana que la policía echa a una familia. Aunque los desahucios siguen. Orden judicial, patada en la puerta si es preciso, y fuera. A la calle. Desahuciados. A ritmo machacón. Cinco hoy. Cinco mañana. Cinco pasado. Y así cada día en las islas, sumando muescas en la culata de una banca que ha instado en Balears desde enero de 2008 un total de 17.139 ejecuciones hipotecarias, que es como se llama al mecanismo legal por el que un impago de letra empieza a convertirse, juez mediante, en desalojo por la fuerza. 17.139 veces ha pasado ya.
Y sigue pasando. 782 veces en los últimos seis meses, pese a que hoy los propietarios que no pueden hacer frente a la hipoteca tienen armas para defenderse. Pero no las usan. Lo lamentan en la Asociación de Afectados por la Hipoteca de Palma y la Plataforma Stop Desahucios, reducto durante años de la lucha contra los desahucios sumarios que amparaba la ley. "Muchas de las ejecuciones hipotecarias no deberían ni haber llegado a los juzgados, pero están porque los afectados no se acogen al Código de Buenas Prácticas. Es ridículo y doloroso ver a gente perder sus casa cuando hoy sí puede luchar por ella, y con herramientas para ganar", explican en la Asociación de Afectados por la Hipoteca, en la que insisten en una idea: hay que dar a conocer el Código de Buenas Prácticas.
Abusos pese a la ley
Que no es papel mojado. Es un decreto ley que da garantías al hipotecado que no puede hacer frente a la letra. "Se concibió para dar una segunda oportunidad para gente que se ve abocada a la exclusión social. Pueden seguir en su casa como mínimo cinco años pagando desde 20 euros a 100 al mes, y eso mucha gente no lo sabe, porque sus bancos ni se lo dicen. Al contrario: muchas veces hacen al hipotecado estar más de un año en descubierto, cobrándoles intereses, cuando hace un año que debían aplicarle ese Código de Buenas Prácticas. Y hablamos de que lo hacen con gente que no puede pagar su casa. Es inmoral y encima ahora, ilegal", insisten en la Plataforma de Afectados por la Hipoteca.
Falta información
Lo que más les duele es que el drama no para. Desde que se puso en marcha hace casi dos años el Código de Buenas Prácticas 2.729 familias se han visto ante un proceso de ejecución hipotecaria en las islas, según los datos coincidentes del Instituto Nacional de Estadística y del Consejo General del Poder Judicial. Y eso que más de cien entidades anunciaron que se adherían y los cumplirían a rajatabla. Pero luego hay que perseguirlas para hagan caso a lo que dicta la ley. "Estamos intentando que los ayuntamientos obliguen a las entidades a poner carteles en los que informen a los ciudadanos de los derechos que tienen en caso de no poder pagar la hipoteca. Hasta 1.800 euros de ingresos mensuales pueden acogerse a él", subrayan en la Asociación de Afectados por la Hipoteca, en la que animan a los ciudadanos a informarse de los detalles de un código que puede salvarles la casa, gracias a la opción de períodos de carencia y a la refinanciación para que el pago sea más asequible.
"Si llevas un año sin pagar la hipoteca, el código dice claramente que la entidad en ese caso el banco tienen la obligación de ofrecerle ese código", insisten en la Plataforma, en la que lamentan que la aprobación del decreto ley no haya tenido continuidad con el desarrollo de un reglamento que fije los cauces para denunciar a las entidades que lo incumplen. La plataforma lo supo porque les informó uno de los jueces más sensibles con el drama de las hipotecas, el decano de Palma, Francisco Martínez Espinosa, que intentó también sin éxito que parasen los desahucios que hoy siguen. Y seguirán. Cinco hoy. Cinco mañana. Cinco pasado.
