Los primeros que son conscientes de que los hoteleros están pactando subidas de precios para el próximo año "de un 5% y un 6%" son los sindicatos más representativos del sector, y su reacción inmediata es de indignación, provocada no por esa mejoría en la rentabilidad, sino porque a pesar de los pingües beneficios y de que las subidas salariales pactadas para los próximos años superan por poco el 1%, los casos de explotación laboral en el sector están adquiriendo un carácter generalizado, según denuncian los secretarios generales de las correspondientes federaciones de UGT y de CCOO en las islas, Antonio Copete y Ginés Díez respectivamente.
Ambos reconocen que se firmó una subida salarial del 1,125% anual durante el periodo 2014-2017 en un contexto muy determinado y en un momento en el que no se podía prever que Balears iba a disfrutar de un "turismo prestado" por conflictos en otras zonas durante tanto tiempo. Pese a ello, se asegura que este acuerdo se va a respetar. Lo que indigna a ambos representantes sindicales es que pese a esta moderación salarial y a los buenos resultados económicos que se están obteniendo, se sigan detectando incumplimientos de ese convenio y situaciones generalizadas de explotación laboral. "Las sobrecargas de trabajo a las que se está sometiendo a los trabajadores son salvajes. Si se contratara al personal que realmente hace falta para atender a los clientes, en las islas se habrían creado 20.000 empleos más durante esta temporada", afirma el representante de UGT.
Su homólogo en CCOO se muestra especialmente indignado por las situaciones que se están viviendo en relación a esta falta de personal y destaca el caso de las camareras de piso, a las que se está exigiendo que asuman unas cargas de trabajo tan elevadas que están derivando en casos de enfermedades profesionales, tal y como se reflejó en un reportaje emitido recientemente por una televisión alemana. Por ello, apunta que la propuesta de este sindicato va a ser que estas mujeres se puedan jubilar a los 60 años.
El conseller de Trabajo, Iago Negueruela, ha anunciado también que se están preparando medidas específicas para combatir estos casos explotación laboral vinculados a riesgos para la salud, en los que se hará especial hincapié en la situación por la que atraviesa el citado colectivo de las camareras de piso.
De nuevo los becarios
Un punto sobre el que se hace hincapié desde los sindicatos es el carácter generalizado de los casos de explotación, que según Copete pueden afectar al 70% de los trabajadores. En el caso de las grandes empresas hoteleras, se señala que la práctica más común es la de contar con plantillas insuficientes para atender a la clientela, lo que provoca las citadas situaciones de sobrecarga de trabajo. En las empresas más pequeñas, el problema llega incluso a situaciones que parecían aparcadas, como la utilización irregular de becarios. "Este verano se ha presentado una denuncia contra un hotel de Santa Ponça en la que de un total de 80 trabajadores, 40 eran becarios, una hecho que resulta intolerable", señala Antonio Copete.
Por ello, se lanza una advertencia: estas situaciones pueden terminar derivando en conflictividad laboral. Y a ello Ginés Díez lanza un segundo aviso: aunque el convenio actual tiene una vigencia de cuatro años y se va a respetar el pacto de subir los salarios solo un 1,125% anual, para la próxima negociación "les estaremos esperando", a la vista de que los empresarios se están convirtiendo en los únicos que se benefician del actual éxito turístico.
En este sentido, desde UGT y CCOO se considera que en un contexto en el que los hoteleros están fijando subidas en sus precios que se mueven en torno a un 5%, resulta absurdo que al mismo tiempo se opongan a la aplicación de la ecotasa alegando la pérdida de competitividad que ello puede suponer frente a otros destinos, al tiempo que se defiende la implantación de dicho impuesto para financiar así mejoras en las zonas turísticas y de carácter medioambiental. En su opinión, esta tasa se está aplicando en numerosas ciudades europeas sin que haya supuesto ningún quebranto para la actividad turística.
El matiz se aplica en relación a la forma de recaudar este impuesto, y desde UGT se expresa su rechazo a que tenga que ser el personal de la recepción de los hoteles el encargado de hacer pagar a los turistas este impuesto, bajo el argumento que eso va a suponer una mayor presión laboral sobre unos asalariados que ya padecen la citada sobreexplotación.
